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“Al Gobierno colombiano no le interesa sus ciudadanos”, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y manifestó que la posición de Juan Manuel Santos es la misma de Álvaro Uribe.

“Al Gobierno colombiano no le interesa sus ciudadanos”, aseguró el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, y manifestó que la posición de Juan Manuel Santos es la misma de Álvaro Uribe. | Foto: EFE

Publicado 2 septiembre 2015

El actual mandatario colombiano expresó su determinación de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar supuestos atropellos de sus nacionales en la frontera colombo-venezolana.

El expresidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez manifestó su respaldo a la decisión del actual mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, de denunciar las repatriaciones de ciudadanos colombianos que permanecían de manera irregular en el Estado venezolano del Táchira. 

Uribe calificó como “correcta” la determinación de Santos de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al tiempo que afirmó que, por el momento del país, debe “ahorrar preocupaciones por todo lo que venía diciendo y haciendo el Gobierno y dudas sobre el futuro".

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El dato→ El pasado agosto, el Gobernador del Estado Táchira,  José Vielma Mora, aseguró que la presencia de Uribe en la frontera "es un tipo de apoyo paramilitar contra Venezuela, una incitación al odio y al revanchismo".

Santos aseguró este martes que Colombia seguirá denunciando y reclamando por los derechos de los colombianos que fueron deportados, por ello, precisó que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos (Acnur).

Sin embargo, el mandatario informó que desistió de la reunión ante la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por no darse de forma urgente, como la había solicitado.

Afirmó que ante la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron para “contar los atropellos que han sufrido” los deportados, al tiempo que agregó que “para la OEA –y para el continente– esta era una oportunidad para hacer valer los derechos de los migrantes, una problemática que estamos viendo no sólo en Colombia sino en muchos países de la región y del mundo”.

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El dato→ Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos (EE.UU.), Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Bahamas, Uruguay, Barbados, Canadá y Chile, demostraron su apoyo en la reunión para que la OEA interviniera en los asuntos entre Venezuela y Colombia, sin embargo, no fue suficiente.
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Haití y Nicaragua se negaron a la petición del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llevada a la mesa de la OEA a través del embajador de ese país, Andrés González Díaz.
Otras 11 naciones se abstuvieron de votar a favor de Colombia, entre ellas Brasil, Panamá y Argentina.

Aseguró que Colombia es una “nación decente, civilizada, democrática, respetuosa de los derechos humanos y de las instancias internacionales, que cree en el diálogo y la diplomacia”.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, Donamaris Ramírez Lobo, señaló que también interpondrá una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), contra el mandatario venezolano por la deportación de los pasados días.

La trayectoria de Uribe

Organizaciones No Gubernamentales y defensores de los derechos humanos en Colombia aseguran que los nexos de Uribe con el paramilitarismo datan desde hace varios años. Su cercanía con los grupos armados provocó que en 2014 el congresista colombiano Iván Cepeda denunciara que los paramilitares respaldaron la primera campaña presidencial de Álvaro Uribe, con al menos dos mil millones de pesos (al menos un millón 12 mil dólares). 

Para muchos analistas internacionales, la cercana relación del expresidente Uribe con el paramilitarismo ha provocado el recrudecimiento del conflicto que vive la nación desde hace más de 50 años. Mientras que, otro hecho como el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) justo cuando era el gobernador de Antioquia (noreste), lo vinculan con la violencia, secuestros y asesinatos.

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Otras acusaciones desde Venezuela pesan sobre el exmandatario colombiano, Álvaro Uribe. En agosto, también el presidente Nicolás Maduro afirmó que la guerra económica que enfrenta su país la dirige el expresidente colombiano, y reiteró que hasta que no se restablezca la paz y tranquilidad no abrirá la frontera.

Asimismo, detalló que en los últimos siete meses han ingresado 121 mil colombianos a Venezuela. “Los colombianos consiguen en Venezuela, tranquilidad y estabilidad”, dijo el mandatario venezolano al tiempo que sostuvo que el tema de la migración de colombianos hacia Venezuela es un punto álgido que se debe tratar a la brevedad posible.

El dato→ Desde el inicio de este año, unos 18 paramilitares han sido capturados en el sector La Invasión del estado Táchira en diferentes operativos de seguridad, según el jefe de la Redi Andes, el Mayor General Efraín Velasco Lugo.

En contexto

Desde el pasado sábado entró en vigor la segunda zona especial fronteriza decretada por el presidente venezolano Nicolás Maduro en otros cuatro municipios del estado Táchira, zona limítrofe con Colombia.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró constitucional el decreto presidencial que establece el estado de excepción en los municipios Bolívar, Pedro Marúa Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado Táchira (suroeste), ubicado en la frontera con Colombia.

Esta medida fue adoptada, luego de determinarse la responsabilidad de grupos paramilitares en un ataque contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y se activó una operación con funcionarios de las fuerzas de seguridad venezolana que logró desarticular numerosas viviendas utilizadas por mafias.

También fueron incautados materiales ilícitos, municiones de guerra, más de 70 toneladas de productos que iban a ser sacados del país por contrabando hacia Colombia. Asimismo, más de mil personas indocumentadas fueron enviadas al Consulado General de Colombia, con el debido respeto a su integridad familiar y trato enmarcado en los derechos humanos.


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