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  • La Corte de casación del Tribunal Supremo de Italia decidió que la sentencia lo priva del derecho al voto, así como también la posibilidad de ser elegido. (Foto: Archivo)

    La Corte de casación del Tribunal Supremo de Italia decidió que la sentencia lo priva del derecho al voto, así como también la posibilidad de ser elegido. (Foto: Archivo)

Publicado 18 marzo 2014



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El Tribunal Supremo de Italia confirmó este martes la pena de dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por la que había sido condenado el expresidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, por el caso Mediaset.

Medios internacionales informaron que la Corte de casación decidió que la sentencia lo priva del derecho al voto, así como también de la posibilidad de ser elegido.

Esta decisión se llevó a cabo en apelación a un Tribunal de Milán en octubre pasado como parte de un complemento de una condena a cuatro años de prisión de los cuales tres habían sido reducidos.

Para este juicio de apelación, la fiscal Laura Bertolé determinó que la pena que se tenía que aplicar era de dos años, ya que el máximo periodo de inhabilitación que recoge la ley italiana por este tipo de delitos es de uno a tres años.

Poco antes, la defensa de Berlusconi pidió al juez que sea considerada la pena mínima de inhabilitación que es de un año debido a que el político no tenían antecedentes penales, sin embargo, la sentencia confirmó los dos años de sanciones.

Berlusconi fue condenado en agosto a cuatro años de prisión por contabilidad fraudulenta en su empresa de medios Mediaset. Se le descontaron tres años por una ley de 2006, por lo que sólo debería cumplir un año en arresto domiciliario o brindando servicios comunitarios por su edad avanzada.

La Ley Severino también se aplica en el juicio de Berlusconi, por la que fue expulsado del Senado el pasado 27 de noviembre y que impide tener cargos públicos durante seis años a aquellas personas condenadas en firme.

Sin embargo, Berlusconi confía aún en un posible indulto del presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, pero también en el recurso presentado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.


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