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Analistas consideran que existen pocas posibilidades de que jueces conservadores aprueben la solicitud del mandatario, respecto a los amparos migratorios.

Analistas consideran que existen pocas posibilidades de que jueces conservadores aprueben la solicitud del mandatario, respecto a los amparos migratorios. | Foto: EFE

Publicado 10 julio 2015

El pasado 20 de noviembre, Obama dictó unos “alivios migratorios”, con la “intención de amparar  temporalmente” a los adultos sin papeles con hijos residentes o ciudadanos estadounidenses. Éstas fueron suspendidas de manera temporal por un juez federal de Texas en febrero. 

El Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones con sede en Nueva Orleans, en Lousiana, Estados Unidos (EE.UU.) examinará esta tarde si descongelará o proscribirá de manera definitiva las medidas migratorias dictadas por el presidente norteamericano, Brack Obama.

Aquí-→ Juez federal suspende medida migratoria de Obama.

El panel de los juristas está integrado por dos magistrados conservadores, Jennifer Walker y Jerry Smith, quienes en mayo decidieron mantener atados estos “alivios migratorios” que buscan aparentemente beneficiar a más de cinco millones de indocumentados. A estos jueces, se une una progresista en temas sociales, Carolyn Dineen King.

Algunos analistas consideran que será difícil para la Casa Blanca convencer a una de las cortes más conservadoras del país de aprobar las medidas migratorias. Aún en caso de un resultado desfavorable, el departamento de Justicia podrá recurrir a la Corte Suprema, que recientemente dio un espaldarazo a las políticas de la administración Obama, tras avalar la legalidad de la reforma de salud y el matrimonio igualitario.

Vea-→ El 58% de los estadounidenses rechaza medidas migratorias de Obama.

En mayo, cuando el tribunal de Nueva Orleans se pronunció por primera vez sobre las medidas migratorias (las mandó a congelar), la Casa Blanca renunció a presentar un recurso de urgencia en el Tribunal Supremo a la espera de la decisión final sobre la legalidad o no de los alivios.

Contexto

El 20 de noviembre pasado Obama firmó órdenes ejecutivas a fin de componer en lo posible el quebrado sistema migratorio, en el que aguardan por la legalización unas 11 millones de personas. Los dictámenes del mandatario buscan mediante un "programa de acción diferida", amparar de manera temporal a los adultos sin papeles con hijos residentes o que sean ciudadanos de Estados Unidos, conocido por su sigla en inglés DAPA, a fin de evitar su deportación.

Otra decisión pretende hacer lo mismo con los denominados dreamers, jóvenes llegados al país siendo niños, denominada (DACA).

Tanto DACA como DAPA ofrecen a los indocumentados un permiso renovable de trabajo durante tres años, además de acceso a una tarjeta de Seguro Social y licencias de conducir en los estados que lo permitan. De acuerdo con el departamento de Seguridad Nacional, estos programas benefician a unos cinco millones de indocumentados.

El 16 de febrero de este año, el juez de distrito de Texas, Andrew Hanen, decidió congelar las órdenes del gobernante y otorgó tiempo a una coalición de 26 estados para imponer una demanda dirigida a eliminar definitivamente dichas provisiones, lo cual fue mantenido por la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans en mayo último.

A pesar del consenso que existe en EE.UU. acerca de la necesidad de reformar el sistema de inmigración, con el respaldo de más de la mitad de los ciudadanos, el anuncio ya ha despertado duras críticas por parte del Partido Republicano, que amenaza con bloquear su implementación.

El objetivo de esta medida es que los indocumentados que tienen hijos estadounidenses dejen de vivir bajo la amenaza de una deportación que les separe de su familia y les obligue a regresar a su país.

Los “sin papeles” que cumplan determinados requisitos (como la ausencia de antecedentes penales o un tiempo mínimo de residencia en EE. UU.) podrán trabajar de manera legal, de aprobarse los alivios migratorios.

Los últimos datos del Censo estiman que son 11,6 millones de indocumentados en EE.UU. La mayoría llegaron al final de la última oleada migratoria, que empezó en los años 70. En 1990, había 3,5 millones de personas sin permiso de residencia legal en el país, cifra que ascendió a 12,2 millones en 2007. La crisis económica y el endurecimiento de las medidas de inmigración hizo que a partir de ese año descendiera el número de entradas ilegales y aumentaran los indocumentados que regresaron a su país.

Sabías que---→ La reforma migratoria se mantiene estancada en el Congreso gracias a que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se ha negado a debatir el proyecto aprobado por el Senado de mayoría demócrata, el cual contempla la posibilidad de que los inmigrantes sin autorización opten a la naturalización. 


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