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Más de 900 catalanes quedaron heridos por la actuación de la policía española durante el referendo independentista.

Más de 900 catalanes quedaron heridos por la actuación de la policía española durante el referendo independentista. | Foto: Reuters

Publicado 17 octubre 2017



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Los efectos de la independencia fueron suspendidos temporalmente por Cataluña para pasar a una etapa de diálogo con España, sin embargo, el Gobierno de Rajoy se niega a esta idea.

El Tribunal Constitucional declaró este martes nula e inconstitucional la Ley de Referendo catalán, que estaba suspendida cautelarmente. La decisión fue tomada por unanimidad, mientras que el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, aseguró que "el mandato del referendo sigue". 

El pasado 1 de octubre, los catalanes celebraron un referendo de consulta sobre la independencia que ha sido considerado por España como ilegal. En la jornada casi 900 personas quedaron heridas por la actuación de la policía que intentó impedir la votación. 

"La Ley impugnada supone una de las mayores afrentas a la Constitución española que por parte de un Parlamento autonómico puede concebirse en un Estado democrático y de derecho", dice la sentencia reciente del Tribunal Constitucional. 

Precisa que la norma anulada "parte de una pretendida soberanía del pueblo catalán y atenta por ello contra el principio de soberanía nacional, la indisoluble unidad de la Nación española y el sistema democrático y el Estado de derecho consagrados en la Constitución".

El presidente de Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, suspendió temporalmente los efectos de la independencia para ofrecer un diálogo al presidente de Gobierno de España, Mariano Rajoy. Sin embargo, tras la decisión fueron detenidos han puesto en prisión a líderes independentistas por "apelar a la resistencia".

>> ¿Por qué Rajoy apoyó la consulta ilegal en Venezuela pero reprimió el referendo en Cataluña?

El Tribunal Constitucional también recuerda que "el derecho de libre autodeterminación" de los pueblos que proclaman el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos y Sociales (ambos suscritos por España) ha quedado limitado en "diversas resoluciones inequívocas de las Naciones Unidas" a los casos de "sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras".


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