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El canciller argentino, Héctor Timerman, envió una nota a su par John Kerry.

El canciller argentino, Héctor Timerman, envió una nota a su par John Kerry. | Foto: EFE

Publicado 13 mayo 2015



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Argentina cuestiona a John Kerry la designación de Robert Raben, lobbysta de los fondos buitre, como integrante de una ONG que apoya un programa de Obama.

El canciller de Argentina, Héctor Timerman, envió a su par estadounidense John Kerry, una nota diplomática relativa al nombramiento del principal lobbista de los fondos buitre en una organización creada para apoyar a una iniciativa del Gobierno de Barack Obama.

Timerman expresa la preocupación de Argentina por el hecho de que en el directorio de la organización privada que apoya la iniciativa se encuentre un director ejecutivo de la American Task Force Argetina (ATFA), el grupo de lobby que defiende a los fondos buitre y emprende acciones de propaganda en contra de su país en distintas partes del mundo.

"El Sr. Raben ha instrumentado en nombre de ATFA una campaña difamatoria e injuriosa de proporciones inauditas contra el pueblo y las más altas autoridades de mi país", explica Timerman en la carta dirigida a Kerry.

​¿Quién está detrás de los fondos buitres?

Explica que esta agrupación pretende obtener ganancias exorbitantes en detrimento, no solo del pueblo argentino, “sino de la enorme mayoría de los acreedores de mi país, muchos de ellos estadounidenses".

El de Argentina no es un caso aislado. Fondos como aquellos representados por el "Sr. Raben han realizado un daño imperdonable a muchos de los países más pobres del mundo", agrega el texto firmado por el canciller.

Asegura que sus acciones crean incertidumbre en el funcionamiento del mercado financiero internacional y su comportamiento ha sido rechazado por el mundo entero.

Vea también → Así adquirió Argentina la deuda con fondos buitre

En Contexto

Los fondos buitre arremetieron contra Argentina en 2014, amparados en la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa; quien determinó que la nación suramericana debe cancelar primero a los fondos especulativos antes que a los bonistas que se adhirieron al proceso de canje desde 2005, en el marco del pago de la deuda soberana argentina.
 

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