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Publicado 26 diciembre 2015

El diputado y expresidente del Parlatino Venezuela, Carolus Wimmer, dijo que la medida lesiona el derecho a la información. 

La interrupción de la señal de Senado TV por orden del Gobierno de Mauricio Macri en Argentina, lesiona un convenio con el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), mediante el cual se creó Parlatino Web TV, cuyo servidor se encuentra en la plataforma del canal sacado del aire. 

Vea-→ Gobierno de Argentina saca del aire programación de Senado TV. 

Así lo denunció el diputado y expresidente del ente, capítulo Venezuela, Carolus Wimmer, quien insistió en que “la medida ordenada por el recién electo Presidente afecta a los 23 países integrantes del organismo”. 

Agregó que “esto echaría por tierra años de trabajo y esfuerzos que se hicieron desde el Parlatino para democratizar el acceso a los medios y a la población a las sesiones del Parlamento, por tanto lesiona el derecho a la información oportuna y veraz de los pueblos de América Latina y el Caribe”, destacó Wimmer.

Y es que en 2014, con ocasión de cumplirse el 50 aniversario del Parlatino, se suscribió un Acuerdo Bilateral de Cooperación entre el Parlatino y el Congreso de la Nación Argentina, en la que el Senado de ese país se comprometió a proveer herramienta y personal para la puesta en marcha, implementación, y consolidación de la primera etapa de la Red Latinoamericana de Comunicación Parlamentaria denominada Parlatino Web TV.

Para Wimmer, sacar del aire a Senado TV constituye un retroceso, pues el objetivo de la Red “es permitir que los pueblos puedan ver qué hacen y cómo votan sus diputados en las distintas comisiones, a fin de ejercer también la contraloría social necesaria sobre la actividad parlamentaria nacional e internacional de quienes los representan como legisladores dentro y fuera del país”.

“Se hace necesario en realidad un pronunciamiento  de las bancadas progresistas sobre el peligro que se cierne sobre el derecho a la información veraz y oportuna que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe, además es muy grave si la pretensión de la ultraderecha es cercenar el acceso a la comunicación”, indicó el diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV). 

Añadió que “parece que es un plan político internacional, porque aquí en Venezuela lo primero que anunció la coalición derechista de la autoproclamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fue la suspensión de ANTV (televisora de la Asamblea Nacional) cuando se instalaran como mayoría en el parlamento el 5 de enero y, en Argentina, lo primero que hacen es suspender el canal del Senado. Eso es grave y peligroso para la democracia en cualquier parte del mundo”, finalizó.

Contexto

La suspensión del canal del Senado argentino, fue autorizada por la vicepresidenta Gabriela Michetti, y se dio a  conocer mediante un comunicado suscrito por el director de Electrónica y Comunicaciones de la Cámara de Senadores, Juan Pablo Alluz, y que fue enviado a distintas áreas del Congreso.

Más-→ Macri cancelará programa de crítica social y política “6,7,8”. 

La orden contempla la interrupción “tanto de la (programación) que se emite por la señal interna del Organismo (canales 97 y 98), como también la difundida a través de los canales de televisión de aire señales de TV Cable a todo el país”.

El comunicado expresa que “a partir de la fecha y mientras se encuentre vacante la Dirección General de Imagen Institucional y Tecnología de la Comunicación, todos los requerimientos de televisación, coberturas de cámaras y demás servicios concernientes a Senado TV deberán ser canalizados a través de esa Dirección”.

También-→ Comunicadores argentinos repudian decretos de Macri.

El Gobierno de Macri, con apenas 16 días de gestión se ha dedicado a intervenir las empresas comunicacionales del Estado, mediante decreto, advertencias y desalojos. 
El pasado miércoles, la policía federal se instaló en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y en la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFSTIC), dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales del país suramericano.
Al siguiente día, se hizo efectiva una orden de allanamiento, y la Fiscalía denunció al presidente de AFSCA, Martín Sabbatella, por negarse a dejar el cargo tras la intervención por decreto del Estado, cuando su titularidad tenía una vigencia hasta el 2017. 

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