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El diálogo tiene lugar en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en La Paz.

El diálogo tiene lugar en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en La Paz. | Foto: Agencia Boliviana de Información

Publicado 26 octubre 2021



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Ministros del Ejecutivo asisten al diálogo, que prevé cubrir los 22 puntos del pliego de peticiones presentado por familiares de víctimas.

Representantes del Gobierno de Bolivia iniciaron este martes en La Paz una mesa de diálogo con familiares de víctimas de Sacaba y Senkata, quienes concluyeron la víspera una caminata de 192 kilómetros para exigir que se aceleren los procesos penales contra los responsables de esas masacres.

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El diálogo tiene lugar en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y los participantes comparten la intención de atender el pliego de 22 peticiones presentado por los marchistas.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, declaró a medios locales que no es primera vez que se reúnen con las víctimas de Sacaba y Senkata.

Planteó que durante el encuentro con los marchistas, que salieron de Caracollo (Oruro) el pasado 19 de octubre, se revisará todo “lo que se atendió, que son varias cosas”.

Aseguró que el Ejecutivo ya avanzó en varios puntos, como una ayuda económica, la devolución de gastos médicos y otros temas.

Agregó que “hay distintos grupos de víctimas y nosotros como Gobierno hemos sostenido varias reuniones (…), hemos estado varias veces con ellos y avanzando en todo el tratamiento integral que tiene como base la (demanda de) justicia, como lo han expresado nuestros hermanos”.

Recalcó la voluntad de atender los reclamos de los familiares de estas víctimas las veces que sean necesarias.

Por el Gobierno boliviano participan además el viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox; el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos; y el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

Las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) ocurrieron el 15 y el 19 de noviembre de 2019, respectivamente, cuando fuerzas militares reprimieron protestas de ciudadanos que se opusieron al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales y a la asunción del poder por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En agosto pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que en esos hechos hubo masacres, ejecuciones sumarias y uso excesivo de la fuerza.


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