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María del Pilar Hurtado es solicitada por la justicia colombiana por varias acusaciones, entre ellas la escucha e intercepción de llamadas a dirigentes políticos durante el gobierno de Álvaro Uribe (Archivo)

María del Pilar Hurtado es solicitada por la justicia colombiana por varias acusaciones, entre ellas la escucha e intercepción de llamadas a dirigentes políticos durante el gobierno de Álvaro Uribe (Archivo) | Foto: Archivo

Publicado 16 agosto 2014



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La decisión del Estado panameño le valió una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por conceder un asilo en condiciones de irregularidad a una persona solicitad por la justicia colombiana por acusaciones de corrupción y espionaje.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), solicitó este sábado al gobierno de Panamá que reconsidere su decisión de no extraditar a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, María del Pilar Hurtado.

Esta decisión fue tomada el día jueves, cuando la cancillería emitió un comunicado en donde aseguran que no están facultados para “conceder una extraditación que ha sido negada anteriormente con los mismos fundamentos y respecto a la misma persona”.

Tanto la FIDH y Cajar esperan que el gobierno de ese país reconsidere la medida anunciada lo más pronto posible. Por ello realizaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que se da protección a una persona acusada de violar garantías fundamentales en Colombia.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia acusa a María del Pilar Hurtado por apropiación, falsedad ideológica, abuso de función pública, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir durante su desempeño en el DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“Con esta decisión, el presidente Juan Carlos Varela no solo imposibilita que Hurtado sea investigada y juzgada como corresponde por los delitos que cometió, sino que compromete la imparcialidad y respeto por los derechos humanos de su propio Gobierno” señala en un comunicado el presidente de Cajar, Luis Guillermo Pérez.

Hurtado obtuvo un asilo en Panamá en 2010 por decisión del expresidente Ricardo Martinelli; mismo que fue catalogado como inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia de ese nación.


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