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El Senado de Paraguay aprobó un proyecto que crea la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas para defender de atropellos a los pueblos originarios, presentado por el Frente Guasú, y coalición de organizaciones de la izquierda.
La senadora Esperanza Martínez, quien encabezó su presentación, defendió el proyecto basándose en los peligros vividos continuamente por los ya escasos 112 mil indígenas y sus familiares.
Martínez recordó los derechos de los indñigenas plasmados en la Constitución de Paraguay, la cual ordena defender y preservar su forma de vida, su organización social y sobre todo el derecho a la tierra tan vulnerado por latifundistas y gobiernos de turno.
Asimismo indicó las sanciones internacionales ya dictadas contra el gobierno paraguayo por el incumplimiento de esa protección contra la avaricia latifundista, y las pruebas documentales de algunos de los más recientes abusos cometidos.
Seguidamente fue mostrado en la sesión imágenes del desalojo violento cometido en tierras del pueblo Ava Guaraní donde, por presión de los geófagos y grandes agroexportadores de la soja, con la participación de fuerzas militares y policiales y civiles empleados de los latifundistas.
Allí se expulsó a 150 familias que tenían sus títulos de propiedad de la tierra, sin consideración para mujeres y niños, también fueron quemadas sus humildes viviendas y una pequeña unidad médica y destrozada hasta la pequeña escuelita montada por el ministerio de Educación.
Los intentos de postergar la aprobación de la propuesta del Frente Guasú fueron rechazados, igualmente, por el senador Hugo Ritcher.
Los argumentos presentados permitieron dar vida al nuevo instrumento para brindar algún apoyo a quienes fueron habitantes primarios de las tierras que les pertenecen y les son cada vez más arrebatadas con acusaciones fiscales y dudosos fallos judiciales.
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