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  • Según Molano, Santos incurrió en el delito de prevaricato por lo cual lo demandará este viernes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (baja). (Foto: Archivo)

    Según Molano, Santos incurrió en el delito de prevaricato por lo cual lo demandará este viernes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (baja). (Foto: Archivo)

Publicado 21 marzo 2014

El abogado colombiano, Jorge Molano, defensor de víctimas de crímenes de Estado, anunció que demandará al presidente Juan Manuel Santos por no acoger las medidas cautelares pedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y firmar la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Molano consideró "inadmisible que un presidente de la República decida desconocer la Constitución política y decida delinquir sin ninguna vergüenza ante la comunidad nacional e internacional".

De acuerdo al abogado, Santos incurrió en el delito de prevaricato por lo cual lo demandará este viernes ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (baja), que es la instancia constitucional que puede investigar a los gobernantes en Colombia.

Argumenta además que el presidente desconoció 10 sentencias de la Corte Constitucional colombiana que advierten sobre el cumplimiento de esa clase de disposiciones de la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington (Estados Unidos).

El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría General dictó la destitución e inhabilitación por 15 años de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá (capital), para ejercer cargos públicos, sentencia que Santos hizo efectiva el miércoles.

La Procuraduría acusó a Petro de cometer fallas graves cuando cambió, en diciembre de 2012, el modelo de recolección de basuras de manos privadas a públicas, lo que según la entidad, causó una crisis sanitaria en la ciudad.

A la orden de destitución de Petro siguieron numerosos recursos judiciales fallados en su contra y las medidas cautelares de la CIDH en su favor, no acogidas por el Gobierno de Santos, que justificó su decisión en que debía "proceder de conformidad con la Constitución y las leyes".


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