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  • En el ataque contra la sede de la Administración Regional de Lugansk murieron ocho civiles y decenas resultaron heridos. (Foto: EFE)

    En el ataque contra la sede de la Administración Regional de Lugansk murieron ocho civiles y decenas resultaron heridos. (Foto: EFE)

Publicado 6 junio 2014





Rusia denunció este viernes ante el Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que en la represión llevada a cabo por Ucrania contra la población suroriental ha empleado el uso de armas prohibidas.

De confirmarse esta acusación, debería considerarse como crimen de guerra, advirtió Andrei Kelin, embajador de Rusia ante este organismo.

Indicó el diplomático que con el respaldo de blindados, aviación, misiles y armamento pesado los militares ucranianos atacan a la población civil con balas explosivas o bombas de racimo.

Según lo manifestado por el experto, la operación punitiva del Ejército, fuerzas de seguridad y los escuadrones neonazis integrados a la Guardia Nacional tiene todos los indicios de violar el derecho internacional humanitario, en particular el Convenio de Ginebra de 1949.

Kelin recordó que un informe reciente de la misión observadora de la OSCE confirmó el empleo de tanques, artillería y aviones de guerra en la operación militar de gran envergadura contra la población de las regiones del sureste ucraniano.

Moscú llamó la atención sobre "las trágicas consecuencias de la operación en el Donbass (región minera e industrial del sudeste de Ucrania) y el bárbaro ataque contra la sede de la Administración Regional de Lugansk, donde murieron ocho civiles y decenas resultaron heridos.

En cuanto un posible cese al fuego, el jefe en funciones de la Administración Presidencial de Ucrania, Serhiy Pashinsky, sostuvo este viernes que resulta imposible negociar con los rebeldes federalistas de las regiones del sureste y el único camino posible es su destrucción.

Pashinsky enfatizó que no considera posible un cese rápido de la operación militar de gran envergadura contra la población de los territorios surorientales, que desde su inicio en abril ya costó más de 200 vidas, la mayoría civiles, cientos de heridos y miles de desplazados. “Se necesita tiempo”, reiteró.


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