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Dilma Rousseff dirige sus esfuerzos en beneficio de los sectores sociales y las bases populares en favor de los que afirmó "haber luchado durante toda su vida", y que temen un atentado contra la democracia y la violación del orden constitucional a través del juicio político contra la presidenta.
La mandataria anunció un reajuste del nueve por ciento en la asignación del programa Bolsa Familia, que ha sido el proyecto bandera del Gobierno para combatir el hambre en el país.
Asimismo, aplicó un ajuste al Impuesto Sobre la Renta que beneficia a los asalariados, la contratación de al menos 25 mil viviendas del programa Minha Casa, Minha Vida y la ampliación del permiso de paternidad de cinco a 20 días para los empleados federales.
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Los beneficios fueron anunciados este domingo por el Día del Trabajador cuando alertó a la clase obrera de las pretensiones de la derecha que busca acabar con las mejoras salariales de los pensionados y privatizar todo lo que sea posible, como ella misma lo denunció.
Rousseff es acusada de presuntamente modificar el presupuesto de 2015, sin embargo, no existen pruebas tangibles que lo demuestren, así lo alega la defensa de la mandataria que, además, resalta las pretensiones de querer enjuiciar a una presidenta que llegó al poder con más de 50 millones de voto, y que, según la clase trabajadora de esa nación, aún goza de un nivel de aceptación mayoritario.
La dignataria recalcó una vez más en su discurso ante cientos de trabajadores que el juicio político es un golpe de Estado porque ella no ha cometido ningún crimen. "Es un golpe especial, no es golpe con armas y tanques en las calles, como ya vimos. Ellos rasgan la Constitución", aseguró en Sao Paulo durante el acto organizado por la Central Única de los Trabajadores (CUT), el mayor gremio obrero del país.
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Esta tesis es apoyada por analistas internacionales quienes destacan que Brasil es escenario de un golpe blando bajo la figura de un proceso de juicio político que puede ser aprobado en un Senado de mayoría opositora.
Ante este panorama, la jefa de Estado advirtió que resistirá y luchará hasta el final como lo hizo durante la dictadura, época en la que pasó casi tres años presa y sufrió torturas por sus vínculos con un grupo que se alzó en armas contra el régimen.
"Es una lucha por la resistencia, contra la pérdida de derechos, una lucha a favor de las conquistas sociales, una lucha por la democracia", puntualizó Rousseff.
En contexto
En los próximos días una comisión del Senado decidirá si procede el juicio político contra la presidenta de Brasil.
De realizarse, Rousseff deberá separarse de su cargo por 180 días en los que será investigada. De ser declarada culpable, la mandataria será destituida y no podrá ser reelecta por ocho años. Entre tanto, Michel Temer, el vicepresidente de Brasil, asumiría la presidencia interina hasta 2019.
