La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en una rueda de prensa manifestó su repudio por los ataques contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva por no tener base legal ni jurídica.
"El gobierno repudia el acto practicado contra el expresidente Lula. No tiene base legal ni jurídica", dijo Rousseff, quien pese a la presión de la oposición, aseguró que no renunciará.
Ante la posibilidad de un inminente arresto al exmandatario, en las últimas horas han cobrado fuerza las versiones acerca de un ofrecimiento de Rousseff a Lula da Silva para designarlo ministro suyo, lo que le garantizaría inmunidad judicial.
"Sería un orgullo tener al presidente Lula en mi gobierno porque es una persona con experiencia, (y) gran capacidad política", subrayó.
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Trascendió que la mandataria le habría ofrecido la jefatura de Gabinete, pero que él se resistió a aceptarla porque sería una suerte de reconocimiento de culpa.
Fuentes cercanas al Ejecutivo de Brasil señalaron que Lula prefería tomar una decisión al respecto la próxima semana, después de que este domingo se realice en todo el país la "mega manifestación" convocada por los grupos civiles Movimiento Brasil Libre y Vem Pra Rua, a favor de iniciar un proceso de impeachment a Rousseff en el Congreso.
El llamado es apoyado por las principales fuerzas de la oposición, liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
No renunciará
Rousseff al ser consultada sobre si evaluaba la posibilidad de una renuncia para aplacar la crisis política que sufre su gobierno, señaló que consideraba esa cuestión "una ofensa" y que no tenía pensado dejar el poder.
"Nunca. Nunca. Eso es una invención. No tengo el menor interés, la menor propensión. No hay ninguna justificación. Para mí eso es inclusive una ofensa. Por favor den fe que no estoy con cara de quien va a renunciar. Quien quiere mi renuncia necesita proceder de acuerdo a la Constitución", aseveró.
"No renuncio sin que haya motivo para eso", precisó Dilma Rousseff, quien ya el año pasado encargó un proceso de juicio político en el Congreso debido a la manipulación de las cuentas fiscales, presuntamente para ocultar el déficit.
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