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Publicado 13 mayo 2016



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Ni las mujeres ni los afrodescendientes tienen plazas dentro de los ministerios en el Gobierno interino de Michel Temer. 

La presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, lamentó este viernes que el gobierno interino de Michel Temer excluya a las mujeres y los afrodescendientes, lo que va en contra de la inclusión social impulsada en los últimos 16 años.

La mandataria sostuvo que la inclusión social que promovió el Partido de los Trabajadores (PT) es el motivo por el que las élites empezaron a mostrar su descontento.

En una conferencia de prensa a los medios, Rousseff condenó que los puestos de trabajo en los ministerios estén copados por hombres en un país en el que el 50 por ciento de la población es mujer. Indicó que esto es un reflejo del problema de representatividad que enfrenta la nación suramericana.

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A esto se le suma la innegable realidad de que Brasil es uno de los países de Latinoamérica que más tardó en salir de la esclavitud. Con esta herencia, el que ninguna persona de color esté un cargo ministerial marca la discriminación racial que aún viven los brasileños y con ello la negación de una parte de la población, agregó.

"El negro y la mujer es fundamental si quieres un país inclusivo desde el punto de vista social, pero también del punto de vista cultural y de los derechos humanos", dijo, al tiempo que recalcó que ahora era el momento para observar el comportamiento del Gobierno interino durante estos 180 días en los que la mandataria deberá alejarse de sus funciones.

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Sin embargo, Rousseff no guarda mucha fe en el hecho de que este Gobierno interino plantee una solución a la discriminación racial y de la mujer, puesto que "el Gobierno también es un reflejo de la sociedad", y deja mucho qué pensar sobre un sistema que se muestra "liberal y conservador en la cultura y en el área social". La presidenta indicó que el tiempo dirá si tiene o no razón en su hipótesis.

Rousseff expresó su deseo de aprovechar esta etapa en que estará separada del cargo para viajar por varias partes del país e incluso de visitar al papa Francisco, si este la invita. Aseguró que admira la compasión que el sumo pontífice muestra con la mujer, los pobres, los afrodescendientes, los refugiados y la defensa de la democracia, por lo tanto, lo considera un factor importante en el desarrollo de los eventos que acontecen en el mundo. 

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Usan el impeachment para llegar a la presidencia de Brasil

La presidenta Rousseff aseveró que el impeachment es solo un intento de sectores de la oposición para llegar al Gobierno indirectamente porque saben que no tienen los medios para llegar al poder mediante el voto directo y popular.

En referencia al ambiente de conflicto e inestabilidad generado por el juicio político, la mandataria de Brasil dijo que mientras ellos aceptan las investigaciones propiciadas por las acusaciones de la oposición, los dirigentes de derecha no aceptan ser investigados por denuncias de corrupción que pesan sobre muchos de ellos.

Rousseff recalcó que sobre ella jamás se podrá decir que tiene cuentas en el exterior ni mucho menos que ha usado dinero público para intereses personales.

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Con relación a los seis decretos promulgados por el Plan Zafra de Agricultura Familiar, Rousseff explicó que mientras durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso se promulgaron unos 23, y en el de Luiz Inácio Lula da Silva, unos cuatro, y nunca se emitió acusaciones de ilegalidad, ahora con ella se afirma que una práctica común de los presidentes, de pronto, es ilegal.

"Lo que tenemos ahora en Brasil es un Gobierno provisional e interino y una presidenta electa por 54 millones de votos. Tenemos un gobierno interino ilegítimo desde el punto de vista de los votos, y nosotros vamos a luchar para regresar y vamos a intentar construir una base parlamentaria", remarcó Dilma Rousseff con referencia a la necesidad de la nación suramericana de efectuar un reforma política profunda.

Rousseff también apuntó que como Gobierno ilegítimo era muy probable que Michel Temer y sus aliados recurrieran a medios ilegítimos para poder mantenerse en el poder.

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A una acción política se le hará frente con una acción jurídica

José Eduardo Cardozo, abogado del presidenta Dilma Rousseff, explicó que con el impeachment se puede observar el sistema jurídico y parlamentario trabajando en función de los intereses políticos de unos cuantos.

Ante esto, el Gobierno electo por 54 millones de voto no recurrirá a las armas para recuperar el poder, sino que tomará las mismas armas jurídicas para justificar las acciones políticas de las que actualmente se acusa a Rousseff.

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La mandataria, por su parte, agregó que con este fenómeno se pone de manifiesto que en América Latina el asunto de los golpes de Estados tradicionales y del uso de armas ya están desfasado, y con ello el hecho de que en la región se ha ido transformando la visión que se tiene del sistema presidencialista. 

Rousseff argumentó que durante estos 16 años han causado el disgusto de ciertas élites con sus trabajos sociales y de inclusión para los sectores más desfavorecidos, por eso parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se unieron y encontraron una solución favorable a sus intereses con el impeachment, todo para desestabilizar la democracia y salir de aquel a quien no quieren en el poder. 

Esta figura jurídica supone una fisura en el sistema presidencialista que los países democráticos de América Latina deben debatir para evitar que la inestabilidad acuda a la vida política de las naciones, concluyó Dilma Rousseff.   

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En contexto
El Senado aprobó el proceso de impeachment en la madrugada del 12 de mayo con 55 votos a favor, 22 en contra y una abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
Durante los seis meses que la presidenta Rousseff estará separada del cargo, la autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado y que pese a ello se aprobó el juicio político.
La acusación contra Rousseff es la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables "ilegales" para "maquillar" los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

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