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Publicado 31 octubre 2014

Con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, volvió a situarse en la palestra pública los cuestionamientos a las fuerzas policiales mexicanas en cuanto a las desapariciones forzadas.

“No somos guerrilleros, somos estudiantes,” es una frase que fue pronunciada por vez primera poco después de la masacre en Tlatelolco aquel trágico 2 de octubre de 1968, cuando decenas de miles de jóvenes se manifestaban por la situación social que atravesaba México. Ese día, soldados y francotiradores del gobierno emboscaron la columna de estudiantes y abrieron fuego sobre ellos, dando muerte a cientos de personas.

Aquella fecha dejó una profunda herida en la memoria de los mexicanos, poniendo de relieve la vulnerabilidad de la población ante la capacidad y disposición represora del gobierno. Pero sobre todo, dejó una enorme sombra sobre la frialdad criminal de un Estado que no le tembló la mano para falsear datos, hechos y desaparecer a estudiantes inocentes cuyo única intención era ejercer su derecho a expresarse.

Cronistas, periodistas y testigos dejaron testimonio de un gobierno que favorecía la impunidad, la encubría, y evidencia de esto es que en lugar de castigar a los culpables desplegó todo un operativo para limpiar la sangre que ese oscuro día quedó derramada sobre el concreto y el pavimento de las calles donde fueron asesinados unos 500 estudiantes. El gobierno informó sobre 23 nada más y los demás los arrojó a fosas comunes y los incineró para desaparecer todo indicio de que jamás hubieran existido.

Esta sombra vuelve a resurgir en México, pero ahora expandida como una capa de terror que se ha traducido en más de 9 mil desaparecidos en menos de dos años.

El caso Ayotzinapa es solamente un ápice de la violencia e impunidad que persiste en México desde los años 60, pero es ahora gracias a las redes sociales y la globalización de medios, que un incidente como éste atrae la atención internacional y, por ende, su condena.

El pasado 26 de septiembre, policías y, según testigos, hombres enmascarados y fuertemente armados abrieron fuego indiscriminadamente sobre tres autobuses en los que viajaban estudiantes normalistas de Ayotzinapa, matando a tres de ellos, hiriendo a varios más, y la desaparición de 43, cuyo paradero hoy es aún un misterio.

Testigos hablan de un crimen atroz que consiste en que los jóvenes fueron heridos, arrojados vivos a una fosa común, rociados con diesel o gasolina, e incinerados para desaparecer toda huella de su existencia. Pero sus padres y madres no los olvidarán jamás y aún hoy no pierden la esperanza de que sean aparecidos vivos.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos", han gritado los parientes, compañeros y simpatizantes de los jóvenes, cuyo único sueño era ser maestros rurales algún día.

Como se ha vuelto costumbre en México, el gobierno apunta la responsabilidad al crimen organizado, aunque discretamente reconoce que hubo participación de policías corruptos y un edil, el de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, quienes de cualquier manera están acusados de tener fuertes nexos con narcotraficantes.

Los 43 estudiantes desaparecidos son sólo 15 por ciento de los 240 casos de personas en Guerrero cuyo paradero es desconocido. Pero esto es solamente un .2 por ciento de una tragedia aún mayor, aun más escalofriante: más de 9 mil desaparecidos que van en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el gobierno en diciembre del 2012, prometiendo acabar con la inseguridad e impunidad. Pero ha sucedido todo lo contrario.

“Este es un suceso terrible, pero peor es saber que es solamente la punta del iceberg”, dijo a teleSUR Dawn Paley, un periodista en México y autor del libro “Capitalismo de la Guerra del Narco”, que será publicado este noviembre.

“Un libro completo sería necesario para relatar todos los actos de terror en contra del pueblo de México durante los últimos siete años bajo la guerra contra las drogas, e incluso desde antes, bajo las políticas represivas del Estado en contra de comunidades y activistas”.

 “Hoy (en México) se mantiene el nivel de impunidad frente a los asesinatos y desapariciones políticamente motivados”, agregó Paley.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó México en marzo de 2011 para recabar información para un reporte que publicó un año después. Este informe destaca similitudes entre la violencia e impunidad que existió durante la llamada Guerra Sucia (60s a 80s). Este periodo estuvo marcado por un estado sistemático de violencia y represión contra estudiantes, indígenas, campesinos, activistas y cualquiera que el gobierno considerara opositor de “riesgo”.

Esta oscura etapa de personas que eran desaparecidas por la infame Dirección Federal de Seguridad, entre otras fuerzas policiales y militares, resurgió de forma dramática y violenta a partir del sexenio de Felipe Calderón, quien le declaró la guerra al narcotráfico, con un saldo de más de 60 mil muertos y 26 mil desaparecidos.

Paley hace notar en su libro que de acuerdo a un informe en 2013 revelado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 42,300 personas han sido desaparecidas desde 2006.

El tema de estadísticas conflictivas en México es otro tema, ya que no coinciden las cifras que proporcionan las distintas dependencias, al tiempo, que se contradicen incluso las que dan a conocer un mismo ministerio, pero ocasiones diferentes. Pero dejan de relieve los intentos del gobierno de maquillar y pormenorizar el grave problema de la violencia, los desaparecidos, los muertos y la impunidad, la cual genera más violencia y más muertos y desaparecidos.

Paley recalcó un informe del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del gobierno dado a conocer en 2012, en el cual sale a relucir una  impactante realidad en México, el del temor a denunciar por miedo a represalias. El informe habla de 105,682 secuestros en un año, de los cuales un solamente un dos por ciento fue denunciado. Esto es año tras año.

“La desaparición forzada es una táctica de terror selectiva ... la desaparición es una manera de tejer terror entre la población, especialmente cuando las víctimas son extraídas de sus hogares, escuelas or lugares de trabajo”, dijo Paley.

“El objetivo de aterrorizar, desde una perspectiva gubernamental, es prevenir la movilidad y la habilidad de la gente de responder u organizar eventos políticos a su alrededor”, agregó.

El Grupo de las Naciones Unidas vincula el resurgimiento de las desapariciones a la decisión de Calderón de poner al ejército a realizar funciones propias de la policía.

“No sorprende que el número de denuncias en contra del Ministerio de Defensa recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos incrementó de 182 en 2006 a 1,230 en 2008, 1,791 en 2009 y a 1,415 en 2010. De 2006 a 2010, la Comisión emitió más de 60 recomendaciones — 22 en 2010 — lo que confirma las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército”, señala el informe de la ONU.

Estados Unidos, coincidentemente, también tiene responsabilidad en este desastroso escenario, porque incrementó la asistencia militar al país e incitó al gobierno mexicano a asumir una postura militarizada frente a la guerra contra las drogas. Este es el mismo error que en Colombia se llamó Plan Colombia y en México, Iniciativa Mérida.

“Estados Unidos no es sólo cómplice, pero activamente responsable por todo lo que hoy sucede en México”, dijo Paley. “La política de Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida está enfocada en la militarización, lo cual ha tenido como consecuencia el fortalecimiento no sólo de fuerzas policiales y unidades del ejército, las cuales son enteramente corruptas, pero también de la actividad paramilitar a través del país. Estos esquemas están en pleno apogeo en Guerrero”.

Como resultado, el número de personas asesinadas en México ha eclipsado los saldos de muerte en países que viven intensos conflictos armados internos. Y mientras que cifras oficiales publicadas en medios periodísticos señalan que han muerto unas 80 mil a 100 mil personas, el investigador y experto en temas fronterizos y latinoamericanos de la Universidad Estatal de Nuevo México, Molly Molloy, le dijo a teleSUR que el número de muertos es más cercano a los 155,000, basado en estadísticas obtenidas durante siete años a través de varias agencias gubernamentales de México.

Peter Watt, profesor de Estudios Hispanos de la Universidad Sheffield de Inglaterra y autor del libro “Guerra de las Drogas en México: Política, Violencia y Neoliberalismo dentro de la la Nueva Narcoeconomía”, dijo que no está tan seguro que se haya disminuido el uso de la táctica gubernamental de desapariciones forzadas durante la Guerra Sucia, sino que siempre ha estado presente.

Él le dijo a teleSUR que la atención de los medios a estos hechos era menor durante los noventa, mientras que actualmente el incremento del uso de redes sociales y de las redes de solidaridad internacionales hace que hoy sea más difícil encubrir crímenes. Pero la guerra contra las drogas ha alterado la naturaleza del gobierno y también de la violencia.

“Lo que ahora vemos, creo, es un incremento de la colaboración que existe entre las autoridades y el crimen organizado. Las despariciones forzadas es una forma de control social, mientras que esto y el terrorismo de Estado y de los cárteles de la droga se aceleraron durante el gobierno de Calderón y su desastrosa guerra contra el narco”, dijo Watt.

“Más gente fue desaparecida cada año de la presidencia de Calderón que durante toda la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Y creo que con el regreso al poder del PRI (Partido Revolucionario Institucional) bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, esto solamente va a empeorar”.

El denominador común entre el periodo de la Guerra Sucia y el presente, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas, es una “extensa impunidad, encubrimiento de la verdad y la reparación de daños a víctimas”.

En tanto estos temas no sean abordados y resueltos, y la justicia y que se asuma responsabilidad de hechos como norma y no como excepción, grupos de estudiantes, mujeres, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas seguirán viviendo bajo la peligrosa sombra de la vulnerabilidad.

teleSUR te invita a visitar la Cronología del Caso Iguala

*Redactor de teleSUR Inglés

**Editor de teleSUR Inglés


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