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Incalcaterra pidió a la Corte Suprema respetar los estándares internacionales de derechos humanos para delitos de lesa humanidad que “agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos".
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, cuestionó este lunes la ley avalada por la Corte Suprema de Justicia argentina, que aplica el beneficio penitenciario del 2x1 a genocidas.
Incalcaterra pidió que se respeten los estándares internacionales de derechos humanos para delitos de lesa humanidad.
"El Estado argentino y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no solo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”, dijo.
Resaltó que los crímenes de lesa humanidad “agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”.
“El derecho a la reparación de las víctimas de estos delitos es un derecho humano básico, consagrado en tratados universales y regionales de derechos humanos, así como en otros instrumentos internacionales, por lo que debe ser protegido”, acotó el representante del Acnudh.
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El repudio generalizado que provocó el fallo de la Corte también derivó la mañana de este lunes a una denuncia penal por "prevaricato”, delito que pena a los jueces que dicten resoluciones contrarias a derecho, contra los ministros que votaron a favor de implementar el beneficio del 2x1 para represores condenados.
La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py por el abogado Marcelo Parrilli, quien aseguró que los tres jueces firmantes del fallo tienen "fuertes vínculos con el Gobierno nacional".
Denuncia contra la mayoría de la Corte por fallo del 2x1. Juzgado Federal Rafecas. pic.twitter.com/8jVTkxTBLd
— Marcelo Parrilli (@parrillimarcelo) 8 de mayo de 2017
Asimismo, el abogado argentino Daniel Igolnikovle, también pidió a la Corte Suprema que revise el fallo por "contrario imperio el referido resolutorio, suspendiendo su aplicación, atento las consecuencias que ya se empiezan a notar respecto de la paz social y especialmente por el efecto en los delitos que implicaron violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes", sostuvo en el texto presentado a la justicia.
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, al menos 278 genocidas podrían quedar en libertad si se aplicara el 2x1 a sus causas.
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