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Uno de los objetivos de la Ley es garantizar la redistribución de la tierra productiva en el país.

Uno de los objetivos de la Ley es garantizar la redistribución de la tierra productiva en el país. | Foto: Andes

Publicado 7 enero 2016

La Ley de Tierras y Territorios Ancestrales de Ecuador busca garantizar la redistribución de la tierra productiva, el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; la legitimidad del uso y usufructo en estos territorios y la participación social y resolución de conflictos.


 

Estos son los puntos clave del proyecto de ley de Tierras en Ecuador:

- Mejorar de la producción para que se respete propiedad y crear mecanismos y estímulos para aprovechar la tierra que no se está trabajando adecuadamente.  

- Mediante un proceso de consultas prelegislativas, el 97,3 por ciento de organizaciones sociales y campesinas participantes aceptaron y están de acuerdo con los temas sustantivos que se incorporan en la ley. 

- La ley establece la creación de una Autoridad Agraria con el fin de proveerles a la familia campesina y a pequeños y medianos productores: tierras productivas, créditos accesibles, asistencia técnica y capacitación para la producción, infraestructura de riego, y resolución de conflictos en tierras rurales.


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- Se propone la expropiación de predios rurales, cuyas tierras estén desaprovechadas. El Estado pretende garantizar el acceso a la tierra productiva a las personas que se encuentran dentro del sector de la economía popular y solidaria. Queda prohibida la concentración de tierras rurales con fines de especulación, comercialización o monopolio. 

- La ley establece la prohibición de existencia de latifundios y concentración de tierras, aún cuando no haya forma de hacer un estudio técnico o científico para determinar las hectáreas de tierra debido a la zona geográfica en la que se ubica el Ecuador, debido a la altitud y la cordillera que le cruza a la nación.

- La normativa contiene 132 artículos para contemplar la creación de un Consejo Consultivo en el que participarán todas las organizaciones sociales, con el fin de buscar soberanía alimentaria.


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- En cuanto a la inversión extranjera, la ley prevé que las empresas públicas extranjeras no podrán adquirir, arrendar o usar tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria.

- La inversión extranjera podrá participar en asociación con empresas públicas nacionales o compañías de economía mixta, donde el Estado tenga la mayoría accionaria y la propiedad de tierra, y con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional.


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