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Los gendarmes acusados no podrán salir del país hasta que el proceso de análisis de los 50 informes periciales concluya

Los gendarmes acusados no podrán salir del país hasta que el proceso de análisis de los 50 informes periciales concluya | Foto: @FiscaliaEcuador

Publicado 19 agosto 2016

El juez de Garantías Penales ecuatoriano inició una instrucción fiscal que durará 90 días mientras se verifica la participación de los acusados en la revuelta social del 30 de septiembre del 2010. 

La justicia ecuatoriana procesó este viernes a 13 policías sospechosos de secuestrar al presidente de la república de Ecuador, Rafael Correa, durante la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010. 

Durante la audiencia de este 19 de agosto, un juez de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia abrió una instrucción fiscal por 90 días contra los uniformados, así lo informó la Fiscalía de Ecuador a través de su cuenta en Twitter.

Entre las medidas se descartó la prisión preventiva, pero los gendarmes no podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. 

El fiscal Fabián Salazar informó a Ecuavisa que se presentaron 50 informes periciales realizados por expertos nacionales e internacionales en el caso conocido como 30-S.

La reconstrucción de los hechos por presunto secuestro se realizó a inicios de septiembre de 2015 y entre los acusados se encuentran oficiales de policía, personal de seguridad y conductores de la Presidencia de la República. 

En contexto
El 30 de septiembre de 2010 un grupo de policías se subordinó con el fin de exigir mejoras en el sistema de salarios y compensaciones. 
El presidente Correa fue agredido cuando se disponía a salir del regimiento de policía más grande de Quito y fue retenido varias horas en un hospital hasta que efectivos de las fuerzas especiales lo rescataron.
La revuelta dejó ocho fallecidos y 274 heridos. El Gobierno ecuatoriano la calificó como un intento de golpe de Estado. 

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