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El alcalde de Turbo fue detenido. (Foto: Caracol)

El alcalde de Turbo fue detenido. (Foto: Caracol) | Foto: Radio Caracol

Publicado 28 agosto 2014

La Fiscalía de Colombia decidirá el destino de 32 políticos colombianos por presuntos vínculos con paramilitares. El alcalde de Turbo, en Antioquia, figura entre los investigados.

La Fiscalía de Colombia informó que 32 políticos de la región del Urabá, en el noroeste del país, fueron capturados esta semana por presuntos nexos con paramilitares, gracias a confesiones de antiguos cabecillas de estos grupos armados ilegales.

"Van 32 capturados (...), de unas 50 órdenes de captura emitidas esta vez, gracias a confesiones de (líderes paramilitares presos como) 'El Alemán', 'HH' (extraditado), 'Pedro Bonito', entre otros", indicó una fuente de la Fiscalía.

Entre los detenidos está William Palacio Valencia, alcalde del municipio de Turbo, departamento de Antioquia (noroeste), además de excandidatos al Senado de la República, excandidatos a la Asamblea Departamental de Antioquia, exalcaldes, exconcejales, líderes pólíticos, líderes cívicos y servidores públicos de la región de Urabá, indicó la Fiscalía en un comunicado.

"Estas personas, señala la investigación, se encuentran vinculadas con el Bloque Élmer Cárdenas, que era liderado por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, y que en el sector bananero de Antioquia, Córdoba y Chocó promovió un movimiento político que vinculó a gran cantidad de dirigentes de la zona urabeña. Este programa se denominó Urabá grande, unida y en paz", señaló el texto.

A los capturados les resta esperar si las autoridades resuelven o no llamarlos a juicio, dependiendo de las pruebas que se demuestren en la investigación.

Según datos del gobierno de expresidente Álvaro Uribe, unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en desmovilizaciones masivas concertadas con el gobierno entre 2003 y 2006, sin embargo muchos de ellos se han rearmado en las llamadas Bandas Criminales (Bacrim).

De ellos, unos mil 700 están presos tras acogerse a los beneficios jurídicos de la ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz, que contempla ocho años de pena para los extremistas, sin importar la gravedad de sus crímenes.


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