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El presidente de Ucrania, Víctor Yanukóvich, abogó por conseguir una solución pacífica al conflicto que afecta al país desde finales del año pasado. “No quiero que se tomen decisiones radicales. Quiero conservar el Estado y reanudar el desarrollo estable”, expresó.
Presionado por las amenazas de sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) y de la Unión Europea (UE), Yanukóvich insistió en resolver pacíficamente el conflicto iniciado en Kiev (capital) a fines de noviembre de 2013, que tras su reinicio en enero se extendió con más violencia a todo el país.
En declaraciones de este viernes al canal ucraniano Inter, el mandatario trató de soslayar las cuatro muertes -tres de ellos policías- y las pérdidas económicas provocadas al país por los enfrentamientos de los grupos violentos contra las autoridades en una verdadera guerra urbana.
Consideró que actualmente rige una tregua y que el siguiente paso será lograr la paz, es así como el mandatario apunta a la liberación de todos los detenidos durante los choques, disturbios, ocupación de sedes estatales y hasta el asedio de centrales electronucleares, información confirmada por el autodenominado Estado Mayor de la Resistencia Nacional de Ucrania.
La estructura coordinadora de las acciones violentas contra fuerzas oficiales -a las que se les prohíbe el uso de armas de fuego, confirmó la liberación este viernes de Dmitri Poltavets, reportado como el último de los encarcelados.
Ley de amnistía
Durante los choques entre manifestantes y policías resultaron detenidas 234 personas, de las cuales 140 quedaron bajo arresto, algunas en sus domicilios.
Con esta medida, el Gobierno implementa la ley de amnistía aprobada a fines de enero por la Suprema Rada (Parlamento) de Ucrania para liberar a todos los detenidos salvo los comisores de delitos clasificados como graves.
Sin embargo, manifestantes y líderes opositores ucranianos mostraron señales contrarias a una tregua en la plaza de la Independencia (Maidán), en Kiev, y las calles aledañas, donde levantaron más parapetos y fortificaron los campamentos, según medios locales.
En poder de opositores permanecen unas 37 instalaciones públicas, seis de las cuales corresponden a organismos del Ejecutivo.
En tanto, EE.UU. y la UE prometieron ayuda financiera ajustada a los recortes neoliberales exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero condicionada por la creación de un nuevo Gobierno, una modificación de la Constitución y el avance de Ucrania hacia la asociación con Europa.
La oferta occidental incluye la aplicación de sanciones para los funcionarios del Ejecutivo y los oligarcas de su entorno si no logran estabilizar la situación y prevalece el clima de conflicto que desestabiliza a la república ex soviética.
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