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  • El Estado busca detener la explotación forestal, supervisar a las empresas madereras y promover "el uso racional y sostenible de los bosques" (Foto:Archivo)

    El Estado busca detener la explotación forestal, supervisar a las empresas madereras y promover "el uso racional y sostenible de los bosques" (Foto:Archivo)

Publicado 13 marzo 2014

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó en el Congreso un proyecto de reforma ambiental para centralizar la administración y protección de los bosques, deforestados en exceso en los últimos 20 años.

De acuerdo con una fuente oficial, el Estado busca detener la explotación forestal, supervisar a las empresas madereras y promover "el uso racional y sostenible de los bosques", previsto en proyecto anexo a una ley que el mandatario envió al Parlamento en febrero pasado, con el propósito de modernizar "el ordenamiento jurídico del país".

La reforma plantea al Gobierno como el ente administrador de los recursos para el buen funcionamiento del ecosistema, y el vigilante de los proyectos de reforestación con el fin que conservar la vida de la zonas montañosas.

Las cifras aportadas por el Fondo Nacional de Reciclaje (Fonare), extraídas de datos oficiales, señalan que en Nicaragua deforestan entre 70 mil y 80 mil hectáreas de bosques al año debido a la explotación masiva y la tala ilegal, pese a los planes de reforestación hechos por el Gobierno.

Es decir que en los últimos 20 años, en el país se ha perdido más del 80 por ciento de los bosques y gran cantidad de árboles en las montañas. Actualmente, la nación suramericana posee 56 mil kilómteros cuadrados (km2) de bosques, que equivalen al 43 por ciento de su territorio, la mayoría en la región del Caribe y el departamento de Río San Juan (sur), precisan los datos oficiales.

Por otro lado, varios líderes indígenas del Caribe norte del país denunciaron que la empresa Alba Forestal por las constantes "mafias madereras" que están explotando y comercializando estos recursos naturales.

Esto ha propiciado una iniciativa gubernamental basada en exportar madera mediante plantaciones comerciales, sin ocasionar daños graves a los bosques.

La madera cultivada fuera de las montañas, será exportada con valor agregado y también abastecerá la industria local.

El proyecto de reforma también propone asumir la competencia del Instituto de Protección y Seguridad Sanitaria del Ministerio Agropecuario, que supervisa la situación de las plagas y la calidad fitosanitaria.


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