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El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, presentó este domingo múltiples pruebas sobre el intento de golpe de Estado y las violentas protestas generadas por mineros cooperativistas que asesinaron al viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes.
Romero explicó que el plan conspirativo de "connotación golpista" constaba de siete ejes de planificación, entre esos, mencionó la organización de la movilización, definición de la consigna, elección del escenario de operaciones (trincheras y puntos de abastecimiento de explosivos), financiamiento, logística y suministro de un arsenal de armas letales para provocar graves daños, incluso cientos de muertos.
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El ministro boliviano aseguró que la conspiración contaba con una suerte de Estado Mayor bajo la dirigencia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), asesores y abogados, entre los que se identificó a Jaime Zambrana Mercado, Mirtha Quevedo, Freddy Ontiveros e Iván Paredes.
"Eso ya no es movimiento reivindicativo, es un movimiento conspirativo, político, golpista. No solamente está planteando una modificación estructural de la política económica del Estado referida a los recursos naturales", denunció Romero en declaraciones a la radio y televisión estatales.
El funcionario denunció que con estos hechos pretendía desatar una crisis política de proporciones en Bolivia, para validar 31 contratos con empresas extranjeras.
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En contexto
El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció el pasado viernes 26 de agosto que las movilizaciones de los cooperativistas mineros en su nación tenían un trasfondo político y no la búsqueda de reivindicaciones para el sector.
Tras el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes en manos de mineros, dijo que los cooperativistas pueden tener muchos argumentos para protestar, pero que conoce que un gran número de ellos defendían la capitalización del sector minero, respaldaban las movilizaciones de la derecha en el país y además firmaban contratos con empresas privadas, a espaldas del Estado.
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