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Los portugueses esperan que el nuevo Gobierno ponga fin a las medidas de austeridad y la privatización de casi todos los servicios que de origen público.
El Parlamento de Portugal debatirá este viernes la cancelación o no de la privatización del transporte público, así como la anulación de los contratos acordados con las empresas españolas Alsa y Avanza, y la francesa Transdev.
La medida aprobada en julio de 2014, tanto para el transporte subterráneo como urbano, aún no se habría puesto en marcha de manera completa tras no contar con el aval del Tribunal de Cuentas luso.
En este sentido, el nuevo primer ministro de la nación, António Costa, ha impulsado su discusión ante el Poder Legislativo como una propuesta incluída dentro de su programa de gobierno.
La subconcesión de los servicios de autobús y metro de las ciudades de Lisboa y Oporto fue autorizada a finales de la anterior legislatura, cuando la mayoría conservadora autorizó ambas operaciones.
La elección del nuevo ejecutivo en el país ha revertido el panorama y se prevé el voto en contra de esta decisión, que es rechazada además por todo el gremio sindical del sector.
El grupo español Avanza ganó en su momento el concurso de subconcesión lanzado por el Ejecutivo luso, que entregó al sector privado la gestión de la red del Metro y autobuses urbanos de Lisboa durante los próximos ocho años.
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Por su parte, Alsa asumió el control de la red de autobuses urbanos en Oporto, anteriormente gestionada por la empresa pública SCTP. El metro de esta misma ciudad quedó en poder de la empresa francesa Transdev.
La sesión de este viernes será la primera en el parlamento para el nuevo Ejecutivo socialista, que tomó posesión el pasado jueves y deberá enfrentar grandes retos, especialmente en materia económica.
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