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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró este jueves inconstitucional la ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993 en el marco de los acuerdos para el fin del conflicto civil que azotó al país entre los años 1980 y 1992 y que dejó un total de 75 mil muertos, 7 mil desaparecidos aproximadamente y graves pérdidas económicas.
La ley otorgó el perdón a las violaciones de los derechos humanos cometidas en esta época, sin embargo, la reciente decisión significaría la apertura de investigaciones penales por unos 30 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por militares, funcionarios públicos y guerrilleros descubiertos por la denominada Comisión de la Verdad.
¿Por qué fue considerada de inconstitucional?
Se determinó su inconstitucionalidad por ser "contraria al derecho, al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales", según reza un comunicado emitido por La Sala de lo Constitucional en El Salvador.
El boletín afirma que la ley viola el "derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario".
>>Sala declara inconstitucional Ley de Amnistía en El Salvador
En este sentido, violentaría dos artículos de la Constitución salvadoreña que están vinculados con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el Protocolo II de 1977, así como los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.
El comunicado además indica que "los crímenes de lesa humanidad son de carácter imprescriptible, según el derecho internacional, por lo que no pueden oponerse medidas de orden interno, tanto legislativas como de otro carácter, que impidan la investigación, el esclarecimiento de la verdad, la aplicación de una justicia independiente, y que nieguen la justicia".
Reacciones
Luego de conocerse la decisión, se han producido reacciones a favor y en contra. El director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, declaró a la agencia AFP que "la sala emitió una resolución apegada a la justicia".
"La ley de amnistía fue producto de una negociación política no apegada al derecho de las víctimas, (por eso) celebramos y aplaudimos la resolución porque con ello se dio la razón a los organismos humanitarios que desde 1993 sosteníamos que era inconstitucional”, aseguró.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, estimó que es necesario leer con detenimiento la sentencia sobre la Ley de Amnistía, aprobada por el Parlamento en 1993.
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