El titular del Poder Judicial peruano, Enrique Mendoza Ramírez, planteó al Ministerio de Economía y Finanzas conformar una mesa de trabajo con representantes de ambas instituciones, para tratar de solucionar las demandas de los trabajadores judiciales que iniciarán una huelga general este martes 25 de marzo.
Los empleados de este sector exigen su exclusión de la Ley del Servicio Civil, la aprobación del Proyecto de Ley de la Carrera del Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo, y el cumplimiento de la escala remunerativa acordada en el 2012.
Por ello, Mendoza propone al ministro Luis Castilla convocar, a la brevedad, una mesa de trabajo para “viabilizar los justos y racionales requerimientos de los servidores de este poder del Estado”.
Asimismo, el Magistrado advirtió que una paralización de las labores jurisdiccionales “perjudicará no sólo al Poder Judicial, sino también a la ciudadanía, al propio Ejecutivo y al Estado de derecho”.
En ese sentido, precisó que en un día de huelga se dejarían de resolver, en promedio cuatro mil 159 casos judiciales, de los cuales la mitad corresponden a las materias de familia (alimentos, violencia familiar) y laboral, que afectan a la mayor parte de la población.
De igual manera, reveló que en materia penal se dejarían de resolver mil 282 procesos, se frustrarían dos mil 227 audiencias, no se recibirían tres mil 893 nuevas demandas o denuncias, y no se realizarían 70 mil notificaciones.
Días atrás, la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la huelga nacional indefinida anunciada por los trabajadores judiciales. Por ello, aprobó una resolución administrativa que dispone “medidas correctivas” en caso se verifiquen actos contrarios a los regulados por las leyes en materia laboral.
Los servidores públicos advierten que la Ley del Servicio Civil se convertiría en un régimen laboral más dentro del Estado, así como que el documento no recoge su aporte ni opinión, pese a ser ellos los principales actores de esta gran reforma.