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La exsenadora cuenta con un amplio respaldo en su demanda.

La exsenadora cuenta con un amplio respaldo en su demanda. | Foto: Archivo

Publicado 9 agosto 2016

Córdoba también lucha contra una medida de inhabilidad de 14 años en su contra, impuesta por la Procuraduría. 

La Sala Plena del Consejo de Estado de Colombia eliminó este martes la inhabilidad de 18 años contra la exsenadora Piedad Córdoba, impuesta por la Procuraduría General de la Nación en 2008 por “Farcpolítica”.

Según el alto tribunal, Córdoba fue sancionada con pruebas ilegales, por lo que es necesario que se revoque la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 18 años.

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Con 17 votos a favor y 6 en contra se declaró la nulidad de la sanción impuesta a la exsenadora, sin embargo, la también defensora de los derechos humanos no podrá reanudar su vida política, a causa de una segunda destitución que le impuso la Procuraduría, la cual le impide ejercer cualquier función pública por 14 años.

Respecto a esa segunda causa, el Consejo de Estado citó a la exsenadora a audiencia pública fijada para el próximo 14 de septiembre, en el marco de la demanda que Córdoba presentó en contra de la medida a fin de anular el fallo que la inhabilitó.

La medida de la Procuraduría se basa en el supuesto apoyo económico que la activista brindó a la campaña de Ricardo Antonio Montenegro para llegar a la Cámara de Representantes en el 2010.

La Sala Plena del Consejo de Estado en Colombia reanudó este martes el debate sobre la demanda que presentó Córdoba en contra de la sanción por "Farcpolítica".

El caso fue analizado por el magistrado William Hernández, quien en su proyecto de fallo estipuló que la activista fue sancionada con pruebas ilegales.

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En contexto 
Córdoba fue sancionada disciplinariamente por el Ministerio Público por "colaborar y promover la guerrilla de las FARC", esto con base en la información encontrada en los computadores hallados en el campamento de 'Raúl Reyes' cuando fue bombardeado.
La Corte Constitucional valoró las pruebas presentadas por la Procuraduría y dijo que eran legales; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró que la cadena de custodia del computador de Reyes se había roto, por lo que no había forma de garantizar que lo que se dijo que se encontró en él fuera verdad.
La Corte Suprema dijo entonces que las pruebas eran ilegales, además, manifestó que los documentos que hablaban de la relación de Piedad Córdoba con las Farc eran archivos de Word, que podían modificarse fácilmente, y no correos electrónicos.
No obstante, el Ministerio Público decidió destituirla de su cargo como senadora e inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos.

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