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  • El destituido alcalde de Bogotá también fue inhabilitado por 15 años, producto de la decisión política del Gobierno. (Foto: EFE)

    El destituido alcalde de Bogotá también fue inhabilitado por 15 años, producto de la decisión política del Gobierno. (Foto: EFE)

  • El pueblo bogotano se mantiene en protestas por la defensa del alcalde que eligieron democráticamente. (Foto: EFE)

    El pueblo bogotano se mantiene en protestas por la defensa del alcalde que eligieron democráticamente. (Foto: EFE)

Publicado 24 marzo 2014

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibirá este lunes en Washington al alcalde de Bogotá (capital) Gustavo Petro, junto a sus abogados defensores para evaluar la situación de los derechos políticos en Colombia, en relación a su destitución la semana pasada.

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez, anunció previamente que el Gobierno no enviará representación a la audiencia, pues aseguró que con la destitución de Petro el caso se habría resuelto. No obstante, el reglamento estipula que debían hacer acto de presencia representantes estadales al encuentro pautado hace dos meses.

El alcalde destituido y sus representantes legales también le pedirán a la CIDH que solicite el otorgamiento de medidas provisionales para que continúe en sus funciones de alcalde.

Las medidas tendrían el mismo efecto que la cautelar (rechazada por el Gobierno colombiano), que implicaba la suspensión de la sanción de la Procuraduría, sin embargo, las medidas provisionales tendrían un carácter judicialmente obligatorio, lo que acarrearía la intervención de un tribunal internacional si el Gobierno las desconociera.

En cuanto a las medidas provisionales, alegarán abusos de la función pública, fraude procesal y calumnia, que pudieron obrar en su contra para destituirlo e inhabilitarlo por 15 años en el ejercicio de cargos públicos.

El presidente Juan Manuel Santos anunció la semana pasada la destitución del alcalde bogotano, a raíz de una polémica reforma referente al sistema de recolección de basura, que según el procurador Alejandro Ordoñez, afectó la libre competencia por transferir a una empresa pública el control del servicio que estaba en el mando de una privada.


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