La mayoría absoluta del Partido Popular (PP) de España rechazó este jueves al menos 20 propuestas de carácter social y económico para enfrentar la crisis y rechazó la demanda de retirar una restrictiva ley de aborto en el Parlamento español.
De esta forma, el PP respalda la polémica ley de aborto, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy y que - según reclaman los españoles - hace retroceder al país unos 30 años.
La interrupción del embarazo solo será admitida en España en casos de violación o peligro para la vida de ser aprobada la legislación sobre el aborto. Esto, según organizaciones de mujeres y de la salud, así como la oposición, es considerado como un quebrantamiento a su derecho decidir y afirman que tiene sentido discriminatorio.
A finales del mes de enero, unos 150 galenos se movilizaron en las calles de Madrid (capital) contra la reforma que casi suprime el aborto, medida considerada como obsoleta, pues sería "volver a la época franquista". En la movilización participaron ginecólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras y demás médicos especializados que dicen estar en rotundo desacuerdo con estas condiciones que afectarían a cientos de españolas.
Esta postura es respaldada por el líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba (del Partido Socialista). El pasado martes, el político exigió al mandatario español el retiro de la ley, tras asegurar que “las mujeres no necesitan la tutela de nadie para decidir por su propia maternidad".
Limitar la justicia universal
Los 180 votos del PP a favor frente a 137 en contra aprobaron la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para limitar los casos de la llamada justicia universal en que puedan intervenir los jueces españoles, que ahora pasará al Senado de España.
Según la enmienda sólo se podrá enjuiciar la nación europea delitos de genocidio y lesa humanidad cuando sean contra españoles (o extranjeros con nacionalidad española) con posterioridad a la comisión del hecho o cuya extradición hubiera sido denegada.
La mayoría absoluta del PP en el Parlamento también rechazó este miércoles unas 20 propuestas de carácter social y económico, así como resoluciones que buscaban evitar los desahucios en viviendas de primera ocupación y con determinadas condiciones. Además, la maquinaria del partido impidió la retirada de una ley de educación que se consideraba como violatoria de las competencias de las regiones autónomas y que restablece la asignatura de religión como materia básica.