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El Gobierno francés culminó este jueves el trámite parlamentario de su reforma laboral que fue aprobada sin ser sometida a voto por la Asamblea Nacional.
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Como no existía una mayoría en Asamblea que la aprobara, el Ejecutivo dirigido por Manuel Valls, resolvió recurrir por tercera vez al artículo 49.3 de la Carta Magna, pero en esta ocasión con el fin de darle lectura definitiva del texto ampliamente rechazado por la ciudadanía y que ha suscitado fuertes protestas en las calles.
La oposición tiene hasta el viernes a las 16H30 local (14H30 GMT) para presentar una moción de censura, que sería la única forma de evitar que el proyecto de ley se concrete y quede definitivamente adoptado. Sin embargo, tanto la derecha como los socialistas rebeldes y otras fuerzas de izquierda no han mostrado una real voluntad de presentar esta moción porque creen que nada va a impedir la aprobación de la controvertida ley.
Ni siquiera la fuerte presión social ejercida por los sindicatos contra el texto, con más de una decena de movilizaciones y numerosas huelgas, ha conseguido la retirada completa del texto, aunque sí ha suavizado en buena medida su contenido inicial.
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Valls justificó la utilización por tercera vez del artículo 49.3 bajo el argumento de que la reforma laboral es "una gran reforma de este quinquenio", y como "no hay mayoría alternativa" es propicio su utilización.
"Este es un texto de progreso" que en primer lugar "da confianza a los trabajadores y a los empresarios", señaló el primer ministro socialista en referencia a uno de los aspectos más criticados de la reforma, ya que le da prioridad a los acuerdos dentro de la empresa sobre a los acuerdos sectoriales.
Las centrales sindicales se oponen férreamente a esta ley que califican de "regresiva", pero la mayoría de los franceses también se oponen. "Este Gobierno no ha escuchado a quienes se han movilizado y se han expresado en contra de este proyecto", señaló la CGT, el mayor sindicato del país, y consideran que Valls "ha perdido la batalla ideológica".
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