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La enmienda, que ya había sido aprobada por la Cámara baja en primera votación el 11 de octubre pasado (con 366 votos a favor y 111 contra), ahora será sometida a la aprobación del Senado.

La enmienda, que ya había sido aprobada por la Cámara baja en primera votación el 11 de octubre pasado (con 366 votos a favor y 111 contra), ahora será sometida a la aprobación del Senado. | Foto: EFE

Publicado 25 octubre 2016

Gremios y militantes de movimientos sociales brasileños tomaron las calles en señal de protesta en 15 ciudades de los 27 estados que conforman Brasil para mostrar su descontento por las medidas neoliberales de Temer.  

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó, en segundo turno, la propuesta de enmienda constitucional que congela el presupuesto y limita la inversión social por 20 años, informó la corresponsal de teleSUR en ese país, Adriana Robreño.

 

Mientras se desarrollaba la sesión sobre el proyecto, que pasará al Senado brasileño, estudiantes trataron de aplazar la votación, pero no fue aceptada, agregó Robreño. 

Según medios brasileños la medida, aprobada por 359 votos a favor y 116 en contra, es rechazada por sindicatos, movimientos sociales y la oposición, ahora minoritaria en el Congreso. 

La aplicación de este proyecto tiene como objeto limitar el aumento de la inversión pública en un lapso de 20 años a la tasa de inflación del año precedente, según analistas internacionales. 

Por su parte, para los sindicalistas y organizaciones sociales esta resolución congelaría las inversiones del Estado en sectores primordiales: salud y educación.

También sostienen que limita el aumento de los gastos públicos a la tasa de inflación del año anterior, con lo que prácticamente congela las inversiones del Estado, que no tendrán crecimiento real en los próximos 20 años.

En contexto

Para llevar a cabo el paquete neoliberal de recortes sociales, Michel Temer pretende ejecutar una propuesta de enmienda constitucional (PEC) que fue aprobada, previamente, en la primera votación de la Cámara de Diputados.

Es necesario que la enmienda constitucional sea admitida por tres quintas partes de la Cámara de Diputados.

El Gobierno cree contar con ese sector antes de que llegue a votación en el Senado.


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