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  • Las comunidades piden transparencia en la ejecución de la medida

    Las comunidades piden transparencia en la ejecución de la medida | Foto: colorABC.py

Publicado 24 abril 2015

Líderes de los pueblos originarios insisten en que la medida es ilegal y viola la ley indígena en favor de los intereses de grandes exportadores.

Comunidades indígenas de Paraguay rechazaron la propuesta del Gobierno Nacional que pretende modificar el proyecto de ley 5061/2013, respecto a las disposiciones de la ley 125 del 9 de enero de 1992, que establece la imposición de tributos y otras medidas de este tipo a los indígenas. 

Durante una movilización realizada el miércoles, Miguel Kruzabie, del Pueblo Guaraní Occidental y miembro de la Mesa de la Articulación Indígena del Paraguay (MAIPY), dijo al Ejecutivo que no aceptan tal propuesta por ser inconstitucional, señaló el portal web la radio campesina e indígena “Yvytu Pyahu”. 

La propuesta del Gobierno estipula el pago de un tributo a los pueblos indígenas por la venta de artesanía o animales silvestres, lo que a juicio de Kruzabie, es ilegal porque las comunidades no han sido consultadas como establece la norma que rige a estos pueblos. 

DATO
En enero de este año entró en vigencia el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 5 por ciento para los frutihortícolas. Según el Gobierno, esta norma permitiría a los productores adecuarse a las nuevas reglas de la ley 5061/2013,-promulgada ese año-, la cual extiende el IVA al sector agropecuario.

Los indígenas manifestaron su profundo rechazo a la propuesta del presidente Horacio Cartes, dado que no beneficia a las comunidades, sino a los intereses de los grandes exportadores. “Aquellos terratenientes dedicados a la soja y a la ganadería”, alegó Kruzabie.

“Hay mucha mentira en la propuesta tributaria, indicó al alertar que de prosperar la iniciativa los pueblos indígenas serían gravemente perjudicados porque deberán pagar impuestos por sus pequeñas artesanías”, añadió el líder indígena. 

Krusabie exigió justicia para los pueblos, puesto que con esta propuesta se busca el exterminio de las etnias y comunidades originarias. 

Por otro lado, voceros de las comunidades Cayin o Clim, del distrito de Mariscal José Félix Estigarribia expresaron su respaldo total a la gestión del actual intendente de la municipalidad, Oscar Isnardi, tras considerar irrespetuoso, inhumano y falta de cultura con los pueblos indígenas al exintendente Eladio Alcaraz. 

En un comunicado, los indígenas aseveraron que están comprometidos con el proceso de recuperación del distrito y aspiran transparentar la ejecución presupuestaria, así como garantizar el beneficio de los contribuyentes y de los más necesitados.

No cesan los reclamos

Pese a que el Ministerio de Hacienda y voceros del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) han destacado los logros para garantizar la calidad de los pueblos indígenas, lo cierto es que varias comunidades viven un drama constante por la falta de tierras y la pobreza.

De acuerdo con un reportaje del diario Color ABC en conmemoración del Día del Indígena Americano, celebrada el pasado domingo 19 de abril, los indígenas se ven obligados a acudir hasta Asunción (capital) e instalarse alrededor del INDI para reclamar un pedazo de tierra donde vivir. 

Semanas atrás, miembros de tres comunidades indígenas: Joyvy, Vy’arenda y Tekojoja acamparon frente al local de la Senavitat, para exigir la culminación de las viviendas que el Estado prometió hace cuatro años, pertenecientes al Programa Pueblos Originarios.

EN CONTEXTO

Desde 2006, comunidades indígenas llevaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda en el caso denominado "Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay", referente al caso de tierras ancestrales en el Chaco paraguayo.

Se trata de unos asentamientos de la comunidad indígena Sawhoyamaxa, que fue expulsada de allí hace más de 20 años por un empresario alemán.

Las negociaciones para licitar las tierras entre el gobierno y el propietario finalizaron a principios de 2013, sin acuerdo, pero en agosto de ese año el Ejecutivo envió el proyecto de ley al Congreso Nacional, que ordenaba la expropiación de las tierras, con la condición de indemnizar al propietario.


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