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La exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado, es solicitada por la justicia colombiana por su presunta participación en escuchas ilegales a políticos y magistrados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Foto: Archivo)

La exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad, María del Pilar Hurtado, es solicitada por la justicia colombiana por su presunta participación en escuchas ilegales a políticos y magistrados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Foto: Archivo)

Publicado 18 junio 2014



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La Corte Suprema de Justicia de Panamá publicó un comunicado este miércoles en donde se ratificó la inconstitucionalidad de un decreto firmado en 2010 que otorga asilo territorial a la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, María del Pilar Hurtado.

De acuerdo con el texto divulgado por el organismo, el decreto firmado el 19 de noviembre de 2010 por el expresidente Ricardo Martinelli, viola el artículo 4 la Carta Magna de ese país; que reza: “la República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”.

Con esta resolución, la Fiscalía colombiana insistirá en la orden de captura internacional y extradición ante la Interpol para continuar con la investigación por escuchas ilegales a funcionarios gubernamentales, políticos de oposición y magistrados.

En ese sentido, el comunicado cuestiona la decisión del expresidente Martinelli de otorgar asilo a una exfuncionaria de Álvaro Uribe Vélez que se encuentra solicitada por la justicia en pleno proceso de investigación.

“La calificación del Órgano Ejecutivo no es consonante con una persecución de índole político, hecho este que denota la inconservancia de lo dispuesto en las normas de derecho internacional humanitario y de derechos humanos” señala el fallo de la Corte Constitucional de Justicia panameña.

Sobre este punto, el texto indica que el Estado panameño no podría esgrimir la soberanía como excusa para evitar el cumplimiento de normas internacionales ratificadas por la administración gubernamental.


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