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Los nuevos resultados del peritaje sobre lo ocurrido a los 43 normalistas desaparecidos en México en 2014 provocaron enfrentamientos entre los expertos que investigan el caso y la fiscalía, en lugar de esclarecer los hechos.
Los padres de las víctimas señalaron que tal situación solo busca dividir la opinión pública y #proteger a alguien".
Esta falta de acuerdo entre los propios encargados de investigar el caso, hace que los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014, opinen que la información revelada el viernes "no es creíble".
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"Definitivamente, los padres de familia estamos en la postura de rechazo hasta que no haya una verdad científica en donde participen todos los expertos", afirmó el portavoz de los padres, Felipe de la Cruz.
Pero por otra parte, los nuevos resultados suponen para los familiares el hecho de volver "otra vez" al punto de partida, puesto que el nuevo peritaje de la prueba de fuego en el basurero de la localidad Cocula supone el rescate de la hipótesis de que los estudiantes fueron quemados, algo que ya había sido descartado desde hace tiempo, remarcó uno de los padres de los 43, Clemente Rodríguez.
Rodríguez expresó que el Gobierno se empeña en hacer que la gente "crea" que los quemaron: "El Gobierno se mantiene en esta postura y nosotros también vamos a mantener una postura para decir que no han cumplido los puntos que les hemos dicho y no han ayudado. Parece que todo esto otra vez vuelve a ser planeado", concluyó.
Los padres se reunirán el próximo 6 de abril con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para profundizar en los resultados del nuevo peritaje.
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Los resultados de la nueva prueba de fuego presentados este viernes por el grupo de expertos que realizó el tercer peritaje en el basurero de la localidad Cocula apoyaron la "verdad histórica" que presentó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a principios de 2015, que indica que los estudiantes fueron supuestamente "incinerados" por el cártel Guerreros Unidos.
Ricardo Torres, uno de los seis panelistas que efectuaron el nuevo estudio, informó que el peritaje reveló que en el basurero fueron quemados "al menos 17 seres humanos adultos".
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Luego de estas declaraciones, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- denunció que la fiscalía violó el acuerdo que ambos sostenían en la forma de cómo se divulgarían los resultados del nuevo peritaje.
Para GIEI, esta conducta del PGR marca una dinámica de "decisiones unilaterales", lo que deja de lado el diálogo y el consenso. Por esta razón, el organismo asignado por el CIDH consideró oportuno romper "el acuerdo de trabajo sobre el tema del basurero".
En respuesta al GIEI, la fiscalía emitió un comunicado en el que aseguró que el nuevo peritaje no se ha efectuado de forma "unilateral" y recordó que el grupo de expertos responsables del nuevo estudio fue formado por "propuesta, a partes iguales y por consenso, del GIEI y de la PGR" tras el convenio al que llegaron en octubre de 2015.
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Asímismo, en otro escrito el PGR reiteró su respeto a la "independencia" del grupo colegiado que realizó los estudios, así como también reconoció el trabajo desarrollado por ellos.
La fiscalía también volvió a remarcar "su compromiso con la transparencia, dada la relevancia del asunto y considerando el interés público en torno a él" e indicó que el trabajo de los seis expertos fue entregado "en forma conjunta" tanto a la PGR como al GIEI.
El GIEI, sin embargo, dijo que Torres hizo alusión solo a partes del contenido de un informe provisional que no ni siquiera ha podido ser analizado por ellos.
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