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La Procuraduría General de la República (PGR) de México aseguró este sábado que se mantendrá abierta la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para garantizar “la obtención de información suficiente y apta para saber su paradero, así como lograr el esclarecimiento total de lo acontecido” y lograr la “justicia plena al respecto”.
El ente emitió un comunicado en la víspera de cumplirse dos años de la desaparición de los normalistas, sin que aún haya certezas sobre lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
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Pese a las inconsistencias de la versión presentada por la PGR, el organismo mexicano aseguró que la prioridad es “mantener una línea de investigación amplia que contemple todas las pesquisas al respecto", así como el “fortalecimiento de las acciones de búsqueda” de los jóvenes.
Asimismo, aclaró que cualquier controversia “por diferencias de criterios técnicos”, serán aclaradas “en su momento”, luego de llegar a un acuerdo con los familiares directos de los 43 normalistas y “mediante los mecanismos legales aplicables”.
“Los recursos, esfuerzos y energías institucionales se destinan en la actualidad y en lo siguiente, de manera prioritaria, al desarrollo de nuevas líneas de investigación, atendiendo en todo momento los planteamientos, propuestas y peticiones de los familiares de las víctimas directas, de la coadyuvancia y de los organismos nacionales e internacionales que han venido dando seguimiento al caso”, reza el comunicado.
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En contexto
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de alumnos de Ayotzinapa tomaron varios autobuses comerciales para viajar a una manifestación en la ciudad de México. Según la declaración de los miembros del cártel Guerreros Unidos, integrantes de esta célula delictiva, incitados por la policía local, emboscaron a los estudiantes y posiblemente los confundieron con miembros de un cártel rival. Algunos estudiantes fueron asesinados con armas de fuego, otros escaparon y 43 fueron secuestrados y, según se afirma, ejecutados.
Los miembros del cártel indicaron que incineraron los cuerpos en un basurero municipal, en las afueras del pueblo de Cocula. Seis semanas más tarde, los investigadores federales anunciaron que encontraron bolsas con restos humanos, convertidos en cenizas, tanto en el basurero como en un río cercano.
Casi dos años después del secuestro y asesinato de los estudiantes no hay condena judicial ni tampoco consenso. La herida abierta aquella noche del 26 al 27 de septiembre aún está lejos de cerrarse.
Los padres de las víctimas rechazan la versión oficial y el GIE arrojó serias dudas sobre el proceder de los investigadores mexicanos.
