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  • El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, David Morales, aseguró que se responsabilizará de que la investigación concluya satisfactoriamente (Foto: Archivo)

    El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, David Morales, aseguró que se responsabilizará de que la investigación concluya satisfactoriamente (Foto: Archivo)

Publicado 6 febrero 2014

La Sala de lo Constitucional de la Corte en El Salvador ordenó el miércoles a la Fiscalía que efectúe dentro de un plazo razonable, una investigación seria y concluyente, sobre los homicidios ocurridos el 25 de julio de 1981 en San Francisco Angulo, en el departamento central de San Vicente (noroeste), luego de dos solicitudes fallidas que fueron hechas por parte de los familiares de las víctimas durante los años 2009 y 2010.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, David Morales, dijo este jueves que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de reabrir la investigación de una masacre de 45 campesinos, cometida por militares durante la guerra civil de los años 80, fortalece los principios de acabar con la impunidad y de que no se deben amparar bajo amnistía los delitos contra la humanidad.

El pasado 23 de noviembre de 2009, los familiares de las víctimas solicitaron a la Fiscalía en San Vicente, reabrir la investigación, pero nada pasó, recordó el Procurador de Derechos Humanos. Otra solicitud fue presentada el 25 de enero de 2010, pero tuvo igual suerte, por lo que decidieron acudir a la Sala de lo Constitucional.

Debido a este escenario el abogado aseguró que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verificará que se cumpla esta orden.

Una Ley de amnistía decretada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), a pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares de asesinatos como la matanza de los sacerdotes jesuitas y masacres de campesinos, ha impedido que estos sean juzgados en los tribunales de justicia del país.


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