¿Obstaculiza el Gobierno argentino el caso de Maldonado?

Desde que se inició la investigación sobre el desaparecido forzado Santiago Maldonado, que fue visto por última vez el pasado 1 de agosto durante un operativo represivo de la Gendarmería en la comunidad mapuche de Lof en Resistencia de Cushamen, la actuación del Gobierno de Argentina ha sido cuestionada. 

El 1 de agosto la Gendarmería Nacional de Argentina realizó un operativo de desalojo en la comunidad mapuche, donde según testigos Maldonado fue detenido y golpeado por las fuerzas de seguridad. 
 
Desde ese momento el Gobierno argentino liderado por Mauricio Macri debió comenzar un proceso limpio para aclarar dónde se encontraba Maldonado, mientras el pueblo y sus familiares exigían la aparición con vida. 

Falta del Poder Judicial
 
De primer momento hubo inconsistencias en la investigación. El 4 de agosto la Gendarmería debió entregar un informe al juzgado de Esquel sobre el operativo en la comunidad mapuche, sin embargo, la fuerza de seguridad del Estado solo declara que no tienen bajo su custodia al joven.

El juez Guido Otranto, encargado del caso Maldonado, en reiteradas oportunidades fue acusado por la familia del joven de “ser parcial” en las investigaciones.

En principio, cuando se realizó el primer rastrillaje en Pu Lof, Cushamen, el defensor público oficial, Fernando Machado, aseguró haber encontrado rastros de que Santiago estuvo ahí, mientras que el juez Otranto señaló que no había pruebas suficientes que demostraran que a Maldonado lo había detenido la Gendarmería. Acto seguido fueron allanados los vehículos de los escuadrones de la fuerza del Estado y encontraron cabellos y una soga que podrían pertenecer al joven.
 
Durante el allanamiento se observó que los vehículos utilizados por la Gendarmería Nacional fueron lavados y los precintos de seguridad violentados. La fuerza de seguridad argentina se defendió bajo el argumento de que no usaron esos vehículos durante el procedimiento, lo que fue desmentido por videos. 

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Críticas a la ministra de Seguridad
 
Mientras transcurría la investigación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue criticada por su encubrimiento en la desaparición forzada de Maldonado en la mayoría de sus declaraciones. 

La funcionaria cuestionó la disposición de la familia para dar datos, rechazó la hipótesis de desaparición forzada y además prolongó el tiempo para que se presentara el caso ante la justicia.  
 
A esto se suma que a pesar de que la Gendarmería era la presunta responsable de la desaparición de Santiago Maldonado, fueron aceptados como parte de la investigación con acceso al expediente. También Bullrich develó el nombre de un testigo protegido.

 
Evidencias escondidas
 
Varios audios del sargento Sergio Sartirana trascendieron en los que el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, ordenó esconder los vehículos de la Gendarmería que estuvieron en el procedimiento en la comunidad mapuche.

Otro sonido también fue escondido en el que aseguraban que Maldonado se encontraba en una camioneta del sargento Sartirana. A lo que se suma que una escopeta Bataan 12/70 que utilizó uno de los gendarmes en el operativo no fue enviada a peritar.

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Posición de Macri ante el caso

El mandatario argentino a lo largo de dos meses se mantuvo ausente del caso, solo dio declaraciones en ciertas oportunidades cuando era confrontado por los periodistas, a quienes aseguraba que estaban trabajando y colaborando con la justicia “todo lo posible”. Sin embargo, esto se contradice al momento en que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofrece su ayuda para resolver el caso y pide arribar al país, pero Macri bloqueó la llegada de los representantes del ente internacional al no firmar un acuerdo.

Ahora, luego de la confirmación del cuerpo de Maldonado el presidente argentino continúa ausente y no ha emitido declaraciones en público sobre el caso, a pesar que el pueblo se lo exige.