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La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunció el miércoles que las autoridades españolas vulneran el derecho de los ciudadanos y los castiga por asistir a protestas pacíficas.
En el informe “Seguimiento de la Libertad de las Reuniones Pacíficas”, publicado por el diario El Confidencial, citado por la agencia rusa Sputnik, los observadores de la organización valoraron el trabajo de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIHR, sigla en inglés) y notaron que cumplen con la defensa del derecho a manifestar en España y en otros países del continente.
Los observadores hicieron seguimiento a manifestaciones registradas entre mayo de 2013 y julio del 2014 e hicieron énfasis en una de las más violentas; denominadas como marchas por la dignidad. En ellas constataron que las movilizaciones iniciaron pacíficamente y autoridades las disolvieron con violencia.
Los resultados fueron la destrucción de mobiliario urbano, más de veinte detenidos y 67 policías heridos. La OSCE lamenta en el informe la transgresión policial cuando un ciudadano ejerce el derecho a manifestación en el país europeo.
Además rechaza la censura por parte del Gobierno con la promoción de la llamada Ley Mordaza, que promulgará este 2015. Dicha ley establece "que los ciudadanos que participen en esas manifestaciones no prohibidas puedan ser igualmente multados".
Aunque la ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada en diciembre pasado en el Congreso por la mayoría de conservadores, los españoles no han cesado de protestar pacíficamente para que deroguen dicha normativa.
En la comunidad autónoma de Aragón (sureste) cientos de ciudadanos promueven la campaña “Dile no a la Ley Mordaza”, en rechazo a la medida de censura, mientras que en Madrid (capital) la protesta contra la norma ha continuado a través de redes sociales.
Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad Computense de Madrid, Antonio García, la nueva ley de Seguridad Ciudadana española o Ley Mordaza es "desproporcionada, porque hay unos niveles de indignación, especialmente a raíz de la crisis económica, que quieren limitar la base de sanciones, y eso es un grave error".
"Los juristas siempre partimos de la base de que lo que no está prohibido en el Código Penal, debe estar permitido, es un axioma jurídico. Ahora resulta que lo que no está castigado en el Código Penal, que es la ley más importante, puede estar castigado, y de forma mucho más severa, por vía administrativa, y sin las mismas garantías", explicó García en entrevista a Sputnik Nóvosti.
García asegura que la legislación generará más temor a posibles sanciones que al sistema de administración judicial, lo cual es una total contradicción, a su juicio.
“El derecho administrativo castigará con una rapidez y una falta de controles que en el juicio penal no existen porque es una desprotección para el ciudadano", destacó García.
Doble moral
El enero de 2014, el Ministerio de Exteriores ruso publicó un informe en el que denunció la violación a los derechos humanos en los 28 países de la Unión Europea (UE) y dedica el cuarto capítulo al caso español.
En dicho capítulo se destaca que en el país se violan derechos humanos en distintas formas, que van desde la violencia de género y vulneración de los derechos de la mujer, hasta la xenofobia, racismo, y la violación de garantías fundamentales para los detenidos.
En dicho informe Rusia recalca la hipocresía de la UE y en especial de España ante la condena por la supuesta violación de derechos en Venezuela, alegando que el Gobierno de Nicolás Maduro transgrede a sectores de la oposición.
Sin embargo, la realidad plasmada en el informe ruso indica que “la sociedad española se caracteriza tradicionalmente por su tolerancia”, precisamente al Movimiento contra la Intoleracia”.
Por otro lado se afirma que en España existen “más de 200 bandas neonazis, con un número total de 10 mil miembros”.
En cuanto a los maltratos en prisión, en el informe se señala que, “entre 2005 y 2010, murieron 799 presos en prisiones españolas a causa de enfermedades”.
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