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  • El funcionario, recomendó a las naciones, empresas e indígenas buscar mediante el dialogo la solución a los casos puntuales de violación de derechos (Foto:Archivo)

    El funcionario, recomendó a las naciones, empresas e indígenas buscar mediante el dialogo la solución a los casos puntuales de violación de derechos (Foto:Archivo)

Publicado 26 marzo 2014

El relator especial de las Naciones Unidas para los derechos de indígenas, James Anaya, destacó el esfuerzo de Estados y empresas por reconocer los derechos de los pueblos indígenas, aunque aún falta por hacer.

El alto funcionario refirió que el Ejecutivo y el sector privado deben reivindicar a los pueblos nativos, y una acción noble es informarles sobre los proyectos que pretenden ejecutar en sus territorios.

"Todavía vemos mucho por hacer. En mi trabajo como relator, más que ver éxitos en este sentido de respeto a los derechos humanos, he visto fracasos (...)", expresó Anaya.

Aseguró que ya muchos inversores han entendido la petición de los pueblos originarios. "Lo que estamos viendo es cada vez más un reconocimiento de las empresas y de los Gobiernos de que deben respetar los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas", resaltó Anaya.

El funcionario opinó respectó a este tema, durante una conferencia organizada por las Naciones Unidas y la Universidad Andina Simón Bolívar en La Paz, la capital administrativa de Bolivia, que visita por primera vez.

En este sentido, felicitó a las empresas trasnacionales petroleras y mineras que cuentan con políticas definidas sobre el respeto a los derechos de las etnias.

"En mi trabajo de relator rara vez he escuchado a un Gobierno decir no tenemos que hacer caso de los derechos de los pueblos indígenas Eso no dicen los estados (...) Y rara vez las empresas trasnacionales dicen que pueden hacer lo que quieran", sostuvo el funcionario de la ONU.

Además recomendó a las naciones, empresas e indígenas buscar mediante el dialogo la solución a los casos puntuales de violación de derechos.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los estados deben consultar a las etnias y obtener su consentimiento sobre medidas legislativas o administrativas que les afecten.


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