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La comisión de DD.HH. exigió justicia a las autoridades guatemaltecas (Foto:EFE)

La comisión de DD.HH. exigió justicia a las autoridades guatemaltecas (Foto:EFE)

Publicado 30 septiembre 2014

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos exige justicia para las comunidades en resistencia que defienden sus derechos, así como investigar el hecho para penalizar a los responsables de la muerte de once nativos.

La Organización de Naciones Unidas rechazó este martes el asesinato de once indígenas en el municipio San Juan Sacatepéquez (oeste) a causa de enfrentamientos por la construcción de una cementera. 

"La ONU lamenta que en esta ocasión se haya llegado al extremo de un enfrentamiento entre personas de una misma comunidad, resultando en la pérdida de vidas humanas, graves agresiones en contra de la integridad, así como actos intolerables de violencia en contra de las mujeres", señaló el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un comunicado.

El pasado 19 de septiembre  activistas a favor del proyecto cementero que la empresa Cementos Progreso pretende edificar en territorio indígena sin consultarlo, se enfrentaron e intentaron expulsar las comunidades que hacen vida en el municipio, lo que dejó once muertos y 4 heridos.

"Los acontecimientos se enmarcan en el contexto de una fuerte división comunitaria que se ha incrementado en los últimos años a partir de diversos episodios de violencia", indicó la delegación internacional en la misiva.

En ese sentido, exige a las autoridades guatemaltecas aclarar los hechos y penalizar a los responsables de la masacre y hacer distinción entre quienes violentan en los territorios indígenas y quienes defienden su derecho a la tierra. 

Tras el incidente violento el gobierno de la nación centroamericana declaró un estado de excepción que restringe garantías constitucionales por 15 días en el municipio, medida que la ONU consideró inapropiada. "No debería verse como la vía para resolver el conflicto en el mediano y largo plazo", enfatiza en el texto. 

Las comunidades indígenas se mantienen en resistencia ante la arbitrariedad de la empresa cementera que desde 2013, busca construir hasta una carretera en territorios de los nativos sin consulta. Los activistas en resistencia alegan que el Estado los discrimina y acorrala para proteger sus intereses financieros. 


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