Ocho acreedores que no forman parte de los grupos que obtuvieron sentencias favorables piden al juez neoyorquino mantener trabas en las negociaciones
Después de que el presidente argentino, Mauricio Macri, empezara las renegociaciones con los fondos buitre aparecieron ocho nuevos acreedores haciendo más exigencias.
El grupo se presentó ante el juez neoyorquino Thomas Griesa, quien lleva adelante el juicio contra Argentina, para pedir que se mantenga la medida cautelar que congeló un pago de 539 millones de dólares en Nueva York a bonistas que se habían adherido a los canjes de deuda de 2005 y 2010 “hasta tanto la Argentina alcance términos de pago aceptable por todos los acreedores”.
Los inversores tienen acciones de clase y quieren ser alcanzados con la propuesta de acuerdo que presentó el viernes pasado el secretario de Finanzas argentino, Luis Caputo, y que establece pagarles a los fondos buitre el 25 por ciento menos que la sentencia de Griesa, que les garantizaba mil 600 por ciento de ganancia.
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El planteamiento hecho por el Gobierno de Macri fue cuestionado por el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien advirtió que representa un peligro para el país.
Cualquier pacto o acuerdo que logre conseguir el Gobierno argentino no sólo dependerá de la aprobación del juzgado neoyorquino, sino también del Congreso en donde el kirchnerismo mantiene su mayoría simple en la Cámara de Diputados y la absoluta en el Senado.
Además, para que el mandatario pueda aplicar su medida de corte neoliberal deberá conseguir que el Congreso modifique o deroge la llamada Ley Cerrojo y la más reciente Ley de Pago Soberano. Aunque también podría optar, como lo ha venido haciendo desde que asumió la Presidencia, por firmar uno o varios decretos sin importar el consentimiento de los legisladores.
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En contexto:
Entre 2011 y 2012, los fondos buitre conformados por diferentes acreedores extranjeros, reclamaron el pago de la deuda de mil 300 millones de dólares es decir, el 100 por ciento de la misma adquirida por Argentina, además del pago de intereses, hecho que avaló el juez de Nueva York, Thomás Griesa.
Argentina nunca se negó a cancelar la deuda, sin embargo, apeló la decisión del Tribunal estadounidense, buscando la reestructuración de los pagos.
En 2014, el Gobierno argentino logró revertir la decisión de Griesa, congelando el pago de 700 millones de dólares adicionales a la deuda, aunque se mantiene el litigio entre los acreedores y el país suramericano.
Tras la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, se dio a conocer la renegociación con los fondos buitre, pero éste admitió que las reuniones con los acreedores buscaban el default en Argentina y que no iban "tan bien" como se esperaba.