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En una reunión privada se acordó continuar con el financiamiento extranjero en la Cicig.

En una reunión privada se acordó continuar con el financiamiento extranjero en la Cicig. | Foto: EFE

Publicado 13 noviembre 2015

El financiamiento a la CICIG ha sido periódico por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. 

Noruega anunció que entregará más de 300 mil dólares a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para “combatir la corrupción” en Guatemala. 

El titular de la CICIG, Iván Velásquez, el embajador de Noruega, Jan Gerhard Lassen, y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, Valerie Julliand, firmaron dicho acuerdo tras una reunión privada. 

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Pese a que el organismo adscrito a las Naciones Unidas ha declarado que no tiene ningún interés político, en esta ocasión recibirá 310 mil 221 dólares más, de los 4 millones 920 mil 064 dólares que ya ha percibido, para el presunto desmantelamiento de organizaciones corruptas en la nación centroamericana. 

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La CICIG ha encabezado las investigaciones más polémicas en Guatemala, una que concluyó en la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia, tras revelarse el caso de corrupción “La Línea”, recibe financiamiento de Estados Unidos y de diferentes países de la Unión Europea, según señaló su titular, el abogado Iván Velásquez. 

En dicha oportunidad, Velásquez precisó que “aunque no participan en los procesos judiciales” de la nación latinoamericana, admitió que la “CICIG mantiene una agenda en Guatemala”. 

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En contexto 
La CICIG fue el organismo que dio a conocer el “Caso La Línea” en abril de este año, relacionada a la red sofisticada de contrabando que trataba sobre la defraudación fiscal, pago de sobornos y lavado de dinero que cometían funcionarios del Gobierno guatemalteco, en el que se vio involucrado el expresidente, Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta, Roxana Baldetti y el secretario, Juan Carlos Monzón. 
Analistas estiman que la intervención de la CICIG está influida por el distanciamiento de Pérez Molina y la Casa Blanca, y se originó ante la negativa del exmandatario para extender el plan Alianza para la Prosperidad, que buscaba la inyección de capital para Estados Unidos a los tres países del Triángulo del Norte, además de frenar el flujo migratorio hacia Norteamérica. 

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