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Neoliberalismo en Argentina: De la dictadura a la democracia
Publicado 21 marzo 2016

Con la última dictadura se inició una larga etapa histórica de Argentina marcada por las transformaciones económicas, políticas y sociales debidas a la aplicación de las políticas neoliberales. En la actualidad, el macrismo retoma el impulso para profundizar esa línea.   

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 tuvo, en lo económico, un objetivo muy claro: instaurar a sangre y fuego el neoliberalismo en la Argentina. Para ello, desplegó un conjunto de medidas –en línea con lo propuesto por los principales organismos internacionales– que reconfiguraron la economía local y su inserción en la economía internacional. A su vez, dieron paso a una brutal transferencia del ingreso de los sectores asalariados a los capitalistas a través de la represión estatal más violenta de la historia argentina, en complicidad con algunas de las empresas más importantes del país.

Neoliberalismo a sangre y fuego


La dictadura cívico-militar no fue simplemente un cambio en el régimen político en Argentina.  El gobierno de facto vino a impulsar un profundo proceso de transferencia de ingresos y a quebrar el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones que imperaba en el país para reemplazarlo por un esquema donde las finanzas tomaron un rol preponderante.

En relación a la distribución del ingreso, se observa que los salarios reales se retrajeron un 52 por ciento entre 1976 y 1983, es decir, perdieron la mitad de su poder de compra. De esta manera, se redujo la participación de los trabajadores en el ingreso de 47,5 por ciento en 1976 a tan solo 33,2 por ciento en 1983. Esta brutal transferencia de ingresos no hubiera sido posible sin la desarticulación y censura total del movimiento obrero, que presentaba altos niveles de organización y sindicalización. Para ello, el gobierno de facto recurrió a la prohibición de los sindicatos, a la brutal represión y desaparición de personas y al desmantelamiento de las industrias. Justamente en el sector industrial se encontraban los sindicatos más fuertes (ver entrevista a Victoria Basualdo en la página 8 de este mismo número).

En línea con los preceptos del neoliberalismo, la dictadura retrajo la intervención del Estado en el comercio exterior y en el mercado financiero, impulsando así un nuevo modelo económico. Asistimos a una liberalización de las importaciones a partir de la rebaja de aranceles que permitió el ingreso de productos de manera indiscriminada.

Resulta interesante ver la propaganda de la época que muestra que los productos nacionales que se vendían en el país eran de mala calidad y que, una vez liberadas las importaciones, la competencia haría que la producción nacional mejorara. Lo cierto es que los productos extranjeros desplazaron a los locales y, como resultado, la participación de la industria en la producción total del país se redujo del 21,8 por ciento en 1976 al 13,2 por ciento en 1983. A su vez, se eliminaron regulaciones y subsidios a las exportaciones luego de una fuerte campaña contra la intervención estatal. De este modo, se observó una caída en la participación de las exportaciones industriales: de 20,8 por ciento al inicio de la dictadura, a 13,3 por ciento al finalizar.

En este marco, las empresas transnacionales se vieron beneficiadas por la nueva Ley de Inversiones Extranjeras que estipulaba la igualdad de derechos y obligaciones entre el capital nacional y el internacional y, entre otras cosas, eliminaba la posibilidad de que el Estado oriente el capital extranjero a determinadas actividades.

Al mismo tiempo que la industria perdía protagonismo en la economía, las finanzas se convertían en el foco central. En febrero de 1977, se aprobó la Ley de Entidades Financieras que sentaba las bases institucionales para el proceso de apertura financiera y posterior endeudamiento. Para dimensionar la magnitud de este movimiento, entre 1978 y 1979 se autorizó la apertura de mil 197 sucursales financieras. Hasta mayo de 1977, la cantidad de bancos y entidades de esta índole apenas superaban las 100 en todo el país.

El gobierno de facto generó un modelo en el que las tasas de interés locales eran muy altas y las internacionales, bajas. Esto gestó una afluencia de fondos especulativos hacia la plaza financiera argentina, proceso conocido como “bicicleta financiera”: las empresas nacionales y extranjeras se endeudaban barato en dólares en el exterior, ingresaban el dinero en la plaza financiera local para ganar con tasas de interés más altas que las extranjeras, y luego compraban nuevamente dólares y giraban la plata al exterior. Como la plata que salía en el mediano plazo era mayor que la que ingresaba, de alguna manera fue necesario garantizar los dólares para este proceso.

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Así fue que la deuda externa cumplió el rol de garantizar que esta dinámica se pueda llevar adelante. Si en 1976 la deuda externa argentina era de 8 mil 200 millones de dólares, para 1983 se había quintuplicado a 45 mil millones. Esta deuda no fue solamente generada por préstamos internacionales otorgados por organismos de crédito a Argentina. Mucha de esta deuda se originó producto de la intención deliberada del gobierno militar de beneficiar a diferentes grupos económicos. Por ejemplo, en 1981 se comenzaron a aplicar seguros de cambio donde el gobierno le aseguraba a las empresas cubrir la diferencia del tipo de cambio que pudiera surgir entre determinados periodos. Esto generó un aumento del endeudamiento externo, tan solo en 1981, del 32 por ciento.

A su vez, muchas de las empresas que se endeudaron en esos años no devolvieron los préstamos que solicitaron en el exterior. Así fue que hacia el fin de la dictadura, y bajo el argumento de que si esas empresas quebraban el país iba a entrar en crisis, el gobierno de facto decide nacionalizar esas deudas y hacerse cargo de ellas. Se estima que el Estado argentino se hizo cargo de 23 mil millones de dólares de empresas privadas que declararon no poder afrontar los pagos que tenían que hacer, entre ellas Socma y Sevel, firmas pertenecientes a Franco Macri, padre del actual presidente.

De la coerción al consenso


Mientras en la década del 70 la instauración del neoliberalismo se dio a la fuerza, en los 20 años posteriores se intentó crear un consenso en torno al nuevo sistema económico, tarea que en Argentina la dictadura cívico-militar había allanado al desaparecer a una generación entera de personas que resistían estas políticas.

Para dar legitimidad a estas ideas, un grupo de economistas y pensadores en la década del 50, entre los que se destacan los de la Universidad de Chicago, creó diversas instituciones, revistas académicas y premios, entre ellos el Nobel de economía, donde desarrollaban y premiaban sus ideas. La caída del muro de Berlín, sumado a la derrota de los principales intentos revolucionarios y movimientos de resistencia de las últimas décadas, contribuyó a instaurar la idea de que el capitalismo había triunfado irremediablemente. Como se proclamó en ese entonces, era “el fin de la historia”.

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Por eso, no es casual que el decálogo de políticas neoliberales impulsado por los Estados Unidos para llevar adelante en todo el mundo esta ideología económica se haya denominado “Consenso de Washington”. De repente, el neoliberalismo era un sistema de “consenso” que se aplicó desde el Chile de Pinochet a los países de la ex Unión Soviética.  

Lo cierto es que el nuevo esquema de producción mundial, basado en la globalización y la deslocalización de la producción, requería el fortalecimiento de las medidas de desregulación de la economía. La liberalización financiera era necesaria para poder desplazar los capitales de un país a otro y la reducción de las barreras aduaneras para deslocalizar la producción en distintos países hasta ensamblar los productos: el Estado no debía intervenir en estas decisiones.

Este nuevo esquema de producción, sustentado en las políticas neoliberales, dio lugar a una transferencia de ingreso regresiva (es decir, en detrimento de los que menos tienen), no solo en la Argentina, sino en el mundo entero. Como plantea el reconocido economista Thomas Piketty, mientras que durante la década del 40 el 10 por ciento más rico de la población se apropiaba 35 por ciento del ingreso, hoy se queda con 50%.

El consenso de la deuda


A partir de las crisis que azotaron nuestra región a principios del siglo XXI, Latinoamérica registró un quiebre en la tendencia y se registró una mejora en la distribución del ingreso, a contramano de lo que seguía sucediendo en Europa y Estados Unidos.

Sin embargo, actualmente en Argentina estamos asistiendo otra vez a una redistribución regresiva del ingreso. Como demostró un reciente trabajo del CITRA-CONICET, las medidas tomadas por el gobierno de Macri afectaron principalmente a los más pobres. Tras la suba de precios que implicó la devaluación, la quita de retenciones, la suba de la luz y el aumento de los alquileres, el 10 por ciento más pobre de la población vio reducido su poder adquisitivo en un 24 por ciento, siendo la franja de la población más afectada. Asimismo, la inflación se ubica actualmente en torno al 35 por ciento anual en un contexto en el que el gobierno nacional manifestó su intención de cerrar las paritarias en 25 por ciento, lo que generará disputas a lo largo de todo el año.  

La dictadura cívico-militar marcó el quiebre de una serie de políticas proteccionistas y el final de un Estado de tipo benefactor, dando paso a una ideología y a un sistema económico que se mantiene al día de hoy. A pesar de que el kirchnerismo desafió algunas de estas tendencias y postulados, las continuidades son claras: siguen vigentes las leyes de Entidades Financieras y de Inversiones Extranjeras Directas y la estructura productiva heredada de ese entonces. En este continuum, las instituciones económicas internacionales cumplen un rol preponderante y determinante ya que exigen ciertas políticas que no pueden ser modificadas a gusto de cada país si quiere permanecer en los mercados internacionales. Un ejemplo de esto son los límites que impone la Organización Mundial del Comercio al manejo de la política comercial.

Actualmente, el PRO busca “reinsertar” a Argentina en el mundo a partir del acuerdo multimillonario con los fondos buitres para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Esto sería la plena reinserción de Argentina a un mundo donde perduran las reglas del Consenso de Washington. Un mundo donde la soberanía nacional debe abandonarse para dar paso a las reglas internacionales dictadas por los organismos internacionales y las grandes potencias. Un mundo donde la deuda opera como mecanismo de dominación y transferencia de rentas de los países pobres a los ricos.

Los planteos ideológicos del PRO justifican que la apertura de Argentina en el mundo será beneficiosa, el sentido común instaurado durante décadas por un mundo neoliberal lleva a que esta idea no suene descabellada a pesar de que la historia ha demostrado lo contrario.

Por Pablo Wahren y Daniel Dveksler


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