• Señal en Vivo
    • Solo Audio
  • google plus
  • facebook
  • twitter
Los hechos violentos que promueve la derecha venezolana busca justificar un intervención extranjera, ha denunciado el Gobierno.

Los hechos violentos que promueve la derecha venezolana busca justificar un intervención extranjera, ha denunciado el Gobierno. | Foto: Reuters

Publicado 13 abril 2017

La Fiscalía venezolana ha registrado cinco muertes durante las manifestaciones antigubernamentales de los últimos días, aunque dos de las víctimas mortales no participaban en ninguna protesta. Una recibió un disparo de un policía de tránsito, que no realizaba labores antidisturbios.

Que haya sangre para quienes promueven el conflicto ha sido una estrategia repetida en Venezuela, en muertes ampliamente mediatizadas para agudizar el caos con violencia callejera.

El antecedente de esto fue el plan La Salida de 2014 que pretendía derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Los principales dirigentes de la ultra derecha hicieron llamados a la violencia para la destrucción de bienes públicos, incendios en entes estatales, colocación de guayas en las vías para "degollar" a motorizados y propiciar el choque entre manifestantes oficialistas y opositores. También hubo muertos: 43 y más de 800 heridos.

Los asesinatos del plan La Salida tienen detrás un canal de financiamiento y apoyo logístico a grupos violentos e irregulares para que ejecuten acciones selectivas y en el terreno.


La primera víctima mortal en medio de las protestas de esta semana fue el joven Jairo Ortiz, de 19 años de edad, asesinado de un disparo en el pecho por el oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Rohenluis Leonel Mata Rojas. El joven no estaba participando en las protestas de la oposición, como la derecha venezolana ha difundido por los medios locales e internacionales. 

El Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, precisó que el funcionario Rohenluis Leonel Mata Rojas "actuó por cuenta propia, ya que la naturaleza de las funciones que desempeña (servicio de tránsito), no se corresponde con las funciones de orden público, ni se encuentra formado en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial".

Mata Rojas fue detenido por el crimen. El suceso aún está siendo investigado por dos fiscales designados por el Ministerio Público y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Jairo Ortiz, padre del joven asesinado, destacó que su hijo no estaba protestando, sino que iba de paso a su casa cuando cruzó con grupos violentos y fue asesinado por un policía de tránsito que no estaba en servicio. "Mi hijo no era ningún guarimbero. Era un pacifista", enfatizó.

"La imagen de mi hijo se ha usado para generar violencia. Él era un muchacho con buenas intenciones que odiaba la violencia, que repudiaba la violencia por cualquier expresión", expresó Ortiz en una entrevista del canal VTV.


Daniel Queliz, de 20 años y estudiante de derecho, fue asesinado por un impacto de bala en el cuello durante las manifestaciones violentas del 10 de abril frente al conjunto residencial Los Parques en Valencia. El gobernador de esa entidad, Francisco Ameliach, informó que el arma estaba asignada a un Policía de Carabobo, quien fue puesto a la orden del Ministerio Público.


 

Otra de las víctimas, Bryan Principal, de 14 años de edad, fue asesinado el miércoles de dos impactos de balas, en hechos violentos promovidos por voceros de la derecha al frente del urbanismo Ciudad Socialista Alí Primera, situado en la vía Barquisimeto-Duaca, en el estado Lara.

Al joven le dispararon desde un vehículo en marcha, en medio de los hechos de violencia que se presentaron en este sector. Las investigaciones apuntan a que el pistolero tenía práctica en el manejo de las armas, el vehículo desde el cual se disparó al joven está identificado. 

La madre de Bryan, Marbelis Jiménez, denunció que grupos terroristas atacaron el urbanismo, al intentar incendiar el sistema de gas.


Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), aún investigan la muerte de Miguel Ángel Colmenarez, de 36 años, del estado Lara, para determinar cómo ocurrieron los hechos. Su hermana asegura que “él no estaba protestando, ni pertenecía a ningún bando político”.


La última muerte reportada fue este jueves de Gruseny Canelón, de 32 años de edad, por heridas múltiples en un hospital del estado Lara, tras participar en una protesta el pasado 11 de abril en Cabudare, Barquisimeto (estado Lara).

Esta estrategia intenta llevar a Venezuela a un peligroso punto de inflexión signado por el caos extremo, dado que por ahora el asedio internacional dirigido a aplicarle la Carta Democrática no alcanza ningún efecto por sí solo. Mediáticamente logra más la "represión gubernamental" contra protestas para nada pacíficas con muertes altamente mediatizadas.

Comentarios
0
Comentarios
Nota sin comentarios.