Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia de El Salvador exigió este miércoles la renuncia de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por considerar que atentan contra la institucionalidad del país. Y en caso de que estos no renuncien, exigió a la Asamblea que los destituya y elija a nuevos magistrados que defiendan la Constitución.
>> FMLN exige un alto a la desestabilización en El Salvador
"Algunas de estas resoluciones violentan flagrantemente disposiciones constitucionales (...) y son verdaderos atentados contra la institucionalidad de nuestro país", alertó la organización.
La organización ha rechazado las resoluciones, que desde su perspectiva, son arbitrarias, interfieren en las funciones de otros órganos estatales y constituyen golpes institucionales.
Así fue calificada la reciente medida que declara inconstitucional a los diputados suplentes de la Asamblea Legislativa y a otras sentencias que han destituido a magistrados y presidentes del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas, Consejo Nacional de la Judicatura y de la propia Corte Suprema de Justicia, supuestamente motivadas por un antipartidismo exacerbado.
También condenó el boicoteo contra los ingresos gubernamentales a través de sentencias como aquellas que revirtieron el fondo para atender a las víctimas de accidentes de tránsito, o la reforma tributaria que gravaba a empresas que declaran pérdidas para evadir al fisco, o el incremento del 13 por ciento a la tarifa energética y la emisión de 900 millones de dólares en bonos.
>> El rol esclavizador de medios de comunicación en Centroamérica
Con esos fallos, la Sala impide al Gobierno salvadoreño obtener recursos para financiar los planes de seguridad pública, protección social a sectores vulnerables, invertir en sectores como la salud, la educación, el saneamiento ambiental, la reactivación productiva, en infraestructura, entre otras acciones en beneficio del pueblo. "Esto violenta los derechos de la población y contribuye al agravamiento de los problemas nacionales más sentidos", recalcó.
Por otra parte, recalcó que el nombramiento de los cuatro magistrados que actualmente integran la Sala Constitucional del CSJ "no fue transparente ni legal" porque su elección, en lugar de ser un proceso abierto y basado en la evaluación de sus perfiles, se trató solo de una negociación efectuada en Casa Presidencial.
Incluso dos de los magistrados (Belarmino Jaime y Rodolfo González) ni siquiera fueron propuestos originalmente por el gremio de abogados ni por el Consejo Nacional de la Judicatura, únicas instancias que pueden proponer al parlamento candidatos a magistrados de la Corte, así lo subrayó la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia.
>> Sánchez Cerén: El triunfo sandinista ayudó a toda Latinoamérica
