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  • En Costa Rica se estima que población canina es de 1,5 millones con o sin dueño (Foto:Archivo)

    En Costa Rica se estima que población canina es de 1,5 millones con o sin dueño (Foto:Archivo)

Publicado 18 mayo 2014

Este domingo, miles de personas acompañados de sus mascotas, principalmente perros y gatos, marcharon en contra del maltrato animal en Costa Rica y abogaron por una ley que castigue con cárcel a los agresores.

La marcha salió del Parque Central por las principales calles de la capital y finalizó en la Plaza de la Democracia; evento que culminó con una serie de actividades en honor a los fieles compañeros.

"Pedimos al Congreso que se apruebe lo más pronto posible la ley que penaliza el maltrato animal con cárcel y además pone multas a los agresores. Además, es hacer conciencia porque el maltrato animal es el primer signo de violencia en la sociedad", manifestó a la agencia EFE el organizador del evento, Silvian Hogg.

De su lado, la vocera de la Asociación Nacional Protectora de Animales (ANPA), Angélica Ortega, expresó que "esta marcha es además para educar a la población sobre una tenencia responsable de animales, decirle a las personas que los animales se respetan y que Costa Rica es un país de paz para todas las especies que habitan".

En ese sentido, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha expresado que llevará a cabo políticas para la protección de los animales, a los que ha llegado a calificar como "nuestros hermanos menores".

Según los protectores de animales, el principal problema es la sobrepoblación de perros y gatos abandonados, así como los criaderos ilegales. Datos de la ANPA indican que en Costa Rica la población canina es de 1,5 millones con o sin dueño, mientras que la cantidad de felinos no se conoce con precisión.

Dentro de los casos más extremos de maltrato también se encuentran ataques con machete, disparos, mutilaciones y quemaduras con ácido, hasta violaciones, casos de negligencia y abandono.

La actual legislación de ese país centroamericano no tipifica estos actos como delitos penales, por lo que los agresores quedan impunes.


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