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Manifestantes rechazan los estatutos que plantea Temer: congelación de salarios y precarización de los servicios públicos.

Manifestantes rechazan los estatutos que plantea Temer: congelación de salarios y precarización de los servicios públicos. | Foto: Reuters

Publicado 9 agosto 2016

Grupos pertenecientes al Frente Brasil Popular llenaron las calles de Brasilia, Sao Paulo, Aracaju y Belo Horizonte con carteles de "Fora Temer".

Este martes Brasil ha sido escenario de intensas protestas en contra del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, mientras el Senado debate si continuar con el proceso para la suspensión definitiva de la mandataria.

Movimiento sociales y sindicatos suscritos al Frente Brasil Popular salieron a las calles en diversas ciudades del país tales como Brasilia, Sao Paulo, Aracaju, Recife, Joao Pessoa, Fortaleza y Belo Horizonte para defender la democracia y para alzar la voz de protesta ante el gobierno interino de Michel Temer.

Los manifestantes se oponen al proyecto de la Ley Complementaria de Temer, que prevé congelación de salarios, la subcontratación y la precarización del trabajo de los funcionarios y los servicios públicos a la población.

Una cerca de un metro de altura se alza frente al Congreso de Brasil para evitar encuentros violentos entre grupos opositores en Brasilia.

En contexto

La acusación central contra Rousseff en el Congreso se basa en el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas sociales de responsabilidad del gobierno, lo que se conoce como "pedaladas fiscales" en Brasil.

Sin embargo, los técnicos del Senado de Brasil determinaron que no existen pruebas de que Rousseff participara en el caso de pedaleo fiscal (denominado "maniobras fiscales" por la oposición). Esto significa que la mandataria no cometió un crimen de responsabilidad, por lo tanto, no hay validez para un juicio político en su contra.

Rousseff siempre ha negado haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.

Esta maniobra de juicio político es interpretada por lo analistas políticos como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista, y un atentado feroz contra las políticas sociales. 


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