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El titular de la Secretaría de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, negó que la precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos (EE.UU.), Hillary Clinton, hubiera participado en la reforma energética mexicana, la cual permite conceder contratos de exploración y explotación de hidrocarburos a empresas privadas tanto nacionales como internacionales.
“La reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto es un producto totalmente mexicano”. Es absolutamente falso que Hillary Clinton o cualquier entidad del gobierno estadounidense haya sido consultado sobre el tema, manifestó Coldwell.
Tales declaraciones se produjeron luego de que informes desclasificados por el Departamento de Estado nortamericano, los cuales indicaron que, cuando era responsable de la política exterior de EE.UU., Clinton impulsó con colaboradores suyos la privatización de la industria energética mexicana.
“Niego cualquier injerencia del gobierno de Estados Unidos en la reforma energética. Ni ellos ofrecieron asistencia ni el Gobierno (del presidente Peña) la solicitó, aseguró, sin embargo, el funcionario.
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Según Coldwell, los únicos modelos energéticos que fueron tomados como referencia por los autores fueron los de Noruega, Colombia y Brasil. “Ninguna consultoría privada participó en la discusión o diseño de la propuestas de Reforma Energética”, afirmó.
Estas afirmaciones fueron apoyadas por el secretario de Economía de ese país, Ildefonso Guajardo, quien calificó el señalamiento como “teorías conspiradoras” al decir que la reforma fue planeada fuera del país.
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De acuerdo al sitio digital, el equipo Clinton alentó un acuerdo de apertura del sector energético en México que resultaba beneficioso para las grandes petroleras internacionales, como Exxon Mobil, Chevron y BP.
Contexto
En diciembre de 2013 fue promulgada la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual permite que empresas privadas, nacionales o extranjeras, inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos en suelo mexicano.
La reforma modifica tres artículos de la Constitución, lo que permite la participación de empresas privadas a la industria energética mexicana mediante contratos que podrán ser de servicios, utilidad y producción compartida, así como licencias.
Además, da paso al uso de la técnica del fracking (fracturación hidráulica) para la explotación de gas de esquisto o shale, pese a que ha sido comprobado que este método contamina el medio ambiente e incluso puede causar terremotos.
