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El procurador Navarro señaló que la causa penal se mantiene abierta para continuar con la investigación y la búsqueda de más menores que estén en las mismas circunstancias.

El procurador Navarro señaló que la causa penal se mantiene abierta para continuar con la investigación y la búsqueda de más menores que estén en las mismas circunstancias. | Foto: EFE

Publicado 28 agosto 2015

Fuentes oficiales informaron que dentro de las personas involucradas se encuentran dos funcionarios estatales, uno de ellos era subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

Autoridades mexicanas detectaron una red de traficantes de menores que opera en Sonora (noroeste), por lo que solicitó a un Juez 16 órdenes de captura en contra de las personas involucradas en el caso. Entre ellas se encuentran dos funcionarios estatales.

El procurador del estado de Sonora, Carlos Alberto Navarro, señaló en conferencia de prensa que en las investigaciones lograron identificar a nueve menores que fueron registrados de manera irregular.

Manejan la información de que algunos niños fueron sustraídos de una casa hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y fueron vendidos hasta por 20 mil dólares.

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Navarro destacó que las órdenes de arresto solicitadas son por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante, sustracción y tráfico de menores. Dijo que en las investigaciones corroboraron que nueve menores fueron inscritos de manera irregular en el Registro Civil.

Las autoridades inician las pesquisas del caso luego de que el 18 de marzo de este año la Policía estatal recibiera una denuncia anónima en la que señalaban a uno de los sujetos involucrados en el caso por tener retenido a un bebé.

El titular de la Procuraduría mencionó que entre las personas involucradas figura Vladimir Alfredo Arzate (30), exsubdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia encargado de la línea Protege, y José Manuel Hernández López, de 38 años, quien se desempeñaba como jurídico de la Unión Ganadera local.

Arzate se encargaba de firmar la documentación oficial en ausencia del titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Él, junto a los demás implicados, se encargó de contactar al doctor que les daba el aviso del nacimiento y le pagaba una fuerte suma de dinero.

"Es así como gestionaron la entrega de menores a solicitantes o candidatos a adopción, siendo José Manuel quien visitaba o llamaba telefónicamente a parejas que tenían esa necesidad y a los cuales les ofrecía un 'trámite express' a cambio de una suma de dinero", indicó un comunicado emitido por el Gobierno.

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