México: Silenciando al periodismo por la ley o por la fuerza 1/2

“Esta es una orden que viene de niveles más altos, pero esto no pasa sólo en Sinaloa. La orden es dirigida a regiones donde su imagen sufre la mayor parte de daño a nivel nacional. [Sinaloa] es una área turística por la cual ellos se preocupan", dijo a teleSUR Fernando Brito ganador del World Press Photo. Él se refiere a la ley que incluye el muy criticado Artículo 51, llamado "la ley de mordaza", por los medios de comunicación. Este artículo prohíbe a periodistas y fotógrafos asistir a escenas de crimen en Sinaloa, un estado del norte de México conocido por sus cárteles de droga y su violencia.

"Crecí viendo asesinatos en las noticias", dice Brito. "Ahora ellos quieren que en Sinaloa parezca todo bueno y bonito para los inversionistas mientras ocultan todos los problemas que tenemos".

Apenas una semana más tarde, el congreso local de Nuevo León, otro estado mexicano con violencia alarmante, declaró que hará cumplir el principio de presunción de inocencia, no permitiendo a fotógrafos en las escenas de crímenes.

Es una orden que bien de arriba, no está pasando solo en Sinaloa

Nuevo León es uno de los destinos más importantes para la inversión extranjera debido a su infraestructura industrial y cercanía a la frontera de Texas. Este estado estuvo en los titulares internacionales hace tres años, especialmente por las 52 víctimas inocentes de un incendio provocado en un casino local por el cartel Los Zetas.

Los días más espantosos del crimen organizado relacionados con la violencia son, al parecer, una cosa del pasado en la mayor parte del país, pero no está totalmente claro si esto es debido a que los niveles de crimen en realidad bajaron o si solamente ya no son noticia. Ahora, con eso de que los gobiernos locales tratan de prohibir de forma legal los esfuerzos periodísticos, la seguridad al parecer se ha elevado, al menos en las primeras páginas de los periódicos.

El silencio es una costumbre común para los periodistas en otras regiones del país. Tamaulipas y Veracruz, estados sobre la costa de Golfo de México, están plagados por la violencia, choques entre cárteles y fuerzas federales y acusaciones a policías, alcaldes y aún gobernadores de estar implicados con jefes de los cárteles de droga.

En ambos estados, las noticias sobre la desaparición o asesinato de algún periodista son muy comunes. De esta manera, noticias relacionadas con el crimen rara vez hacen titulares en los periódicos locales, así los periodistas son sujetos por la fuerza a otro tipo de silencio.

Silencio por ley

"Hasta el final de la administración del [ex presidente Felipe] Calderón, teníamos suficiente información oficial, luego [al principio del mandato del presidente Peña] sólo cerraron el grifo y no sale nada," dijo a teleSUR Erick Muñiz, corresponsal de La Jornada en el noreste de México.

La presidencia de Calderón estuvo manchada con sospechas de fraude electoral. Poco después, en lo que fue descrito como un intento de recuperar credibilidad, lanzó una ofensiva nacional contra los cárteles de la droga que implicó el despliegue de fuerzas federales en todo el país. Más armas en las calles crearon una ola de violencia que envolvió a las ciudades más grandes.

La violencia duró seis años. Los periodistas y analistas están de acuerdo en que desde la perspectiva de Calderón, noticias de disparos, operaciones militares y detenciones igualaron las acciones del gobierno contra el tráfico de drogas. De esta manera, las autoridades informaban diariamente sobre tiroteos, enfrentamientos entre cárteles y asesinatos, produciendo estadísticas a nivel nacional, estatal y local.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo prometió detener la violencia. La mayoría de los soldados e infantes de marina se retiraron a sus cuarteles, vehículos blindados dejaron de patrullar las calles, no se volvió a escuchar sobre disparos en algunas de las ciudades más conflictivas y las noticias no llevan más historias sobre ejecuciones y ajustes de cuentas ya que las autoridades ahora sólo hacen un reporte mensual.

Tranquilidad o silencio impuesto

Lentamente, los habitantes de las ciudades del norte han empezado a salir de nuevo a las calles. El periodista Illich Cuellar, de Monterrey, capital de Nuevo León, pregunto en Facebook, "¿te sientes más seguro ahora”? Las respuestas fueron esclarecedoras: "Yo creo que el crimen es lo mismo, hay menos enfrentamientos entre los cárteles, pero no ha bajado la delincuencia", comentó uno de los seguidores de Cuellar, mientras otro dijo, "Dejar de reportar actos delictivos no significa que no haya crimen".

En aquellas partes del país que son altamente dependientes de liquidez externa, inversores industriales o turistas, el silencio de los medios de comunicación es anhelado por los gobernadores, así pueden aprobar enmiendas a la ley del estado, como el artículo 51 bis en Sinaloa.

"Dejar de reportar actos delictivos no significa que no haya crímenes"

Otro caso es la ley "Anti Halcón" impuesta por varios estados, que tiene como objetivo controlar a los vigías de los cárteles de drogas; que por lo general son jóvenes, que parados en las esquinas informan a los carteles de la droga sobre los movimientos de la policía. " La ley Anti Halcón”, en algunos casos, impone una pena de "dos a quince años de cárcel y una multa de 200 a 400 días de salario mínimo a quienes intentan obtener información sobre la policía".

Las leyes necesitan ser reformuladas urgentemente para que no restrinjan la libertad de expresión y de información, o generen un ambiente de desinformación.

“Esto es evidente desde el inicio de este sexenio", dice Leopoldo Maldonado, de la ONG Artpiculo 19, "el intento de censurar a través de mecanismos no legales no es nada nuevo. El hecho de que México es el país con los más altos niveles de violencia contra la prensa y uno de los más peligrosos para los periodistas a nivel mundial, seguramente inhibe el flujo de información”.

Criminalizando al Periodismo

"Pero ahora nos encaminamos a un nivel superior, ahora penalizan el [periodismo] a nivel de la legislatura local y también a nivel federal", dice Maldonado.

Francisco Cienfuegos, Presidente de la Comisión de seguridad y justicia en el Congreso local de Nuevo León, se mantiene firme y declara la voluntad del nuevo sistema penal de no permitir fotógrafos de prensa en escenas de crimen "no es para nada [una ley mordaza] es una ley para proteger a los residentes de nuestro estado."

Antonio Arguello, editor en jefe de uno de los principales periódicos de Nuevo León, difiere: "Sabemos que solamente están normalizando las regulaciones federales (…) pero eso es demasiado ambiguo, claramente indica la causa, pero no las reglas reales".

"Por supuesto estamos de acuerdo con la importancia de preservar la presunción de inocencia, pero esto viene en un momento cuando los gobiernos estatales y federales están siendo muy criticados por su falta de rendición de cuentas, así que lógicamente, levanta sospechas".

Ciudadanos Apoyando Los Derechos Humanos (CADHAC), una ONG de derechos humanos basada en Nuevo León, emitió una declaración pública: "mientras se intenta proteger la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, otros derechos, como el derecho de acceso a la información y libertad de expresión no debe ser anulado".

Como reacción al intento legislativo de Nuevo León, Quitze Fernández, editor de la sección de delito en el periódico de Coahuila, está de acuerdo, "ellos [las autoridades] siempre quieren callarme y manejar la información a su manera".

Pero no sé cómo piensan hacer cumplir una ley como esa, el reportero de policía, por naturaleza, siempre va a estar presente en la escena del crimen (...) incluso cuando pasábamos el tiempo más difícil [del crimen organizado relacionados con violencia] siempre cubrimos la historia”, dice Fernández.

"Mis reporteros con frecuencia se preguntan por qué, si no somos capaces de imprimir la noticia [la cubrimos]. Yo respondo que, "Tal vez no hoy día, pero la publicaremos en un par de años", y no hay una sola noticia que no hayamos cubierto.