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El pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó el proyecto del Sistema Nacional Anticorrupción con 409 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.
Los diputados avalaron el dictamen con modificaciones a 14 artículos de la Constitución. Sanciones que van desde la amonestación hasta la inhabilitación de servidores públicos, penalizaciones administrativas y económicas a particulares, así como la intervención y disolución de empresas involucradas en graves actos de corrupción, forman parte del nuevo proyecto.
De igual modo, establece como obligación de los servidores públicos presentar su declaración patrimonial ante las autoridades, y amplía las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar las participaciones federales de estados y municipios, así llevar a cabo auditorías en tiempo real. En la actual ley debía esperarse dos años.
El Sistema Nacional Anticorrupción estará encabezado por un Comité Coordinador integrado por los titulares de la ASF, de la Fiscalía Anticorupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otras.
En contexto
En noviembre de 2014, la prensa mexicana denunció la existencia de una mansión valuada en 54 millones de pesos mexicanos a nombre de la esposa del presidente de esa nación, Enrique Peña Nieto. En medio del escándalo, la Primera Dama emitió un mensaje a la nación donde aclaraba cómo había adquirido el inmueble y anunció su puesta en venta.
En diciembre del mismo año se dio a conocer que la empresa que le había vendido a Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, también le había vendido una casa al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la misma zona.
Grupo Higa, la empresa que vendió ambos inmuebles, ganó jugosos contratos en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador y también es parte del consorcio ganador para la construcción del tren México-Querétaro, licitación que fue revocada después del escándalo surgido por las denuncias de conflicto de interés.
El pasado 3 de febrero, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas para prevenir la corrupción y el conflicto de interés, así como una unidad especializada en ética que será la encargada de determinar la existencia de conflictos de interés al reforzar proceso de control, fiscalización y auditorías. El dictamen debe cumplirse a partir de mayo.
